La Comisión Europea ha propuesto este miércoles otorgar a las autoridades locales un respaldo legal para implementar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquiler de corta duración, como Airbnb, así como la compraventa de segundas viviendas. No obstante, se subraya que estas políticas deben ser proporcionadas, adaptadas a cada caso según las zonas tensionadas, y justificadas de manera concreta, además de estar limitadas en el tiempo.
La Ley de Vivienda Asequible que impulsa Bruselas no ofrece un catálogo fijo de medidas compatibles con la legislación comunitaria, ya que, según fuentes comunitarias, garantizar esto sería imposible. En lugar de ello, busca proporcionar claridad sobre el margen de actuación basándose en un análisis caso por caso. De esta manera, los gobiernos locales pueden demostrar con datos que ciertas actividades tienen un impacto negativo significativo en el mercado inmobiliario local debido a su escala o frecuencia.
La Ley de Vivienda Asequible busca ofrecer seguridad jurídica a las autoridades locales para abordar problemas en el mercado de la vivienda
Las ciudades podrán desarrollar políticas que prueben la existencia de tensiones en el mercado de vivienda durante al menos tres años. Además, deberán asegurar que las respuestas son proporcionadas y que alternativas menos restrictivas no serían efectivas. Toda política contra el alquiler de corta duración deberá respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.
Cualquier medida tiene una duración máxima de cinco años, con la posibilidad de revisión según nuevas evaluaciones. Las restricciones no deben reemplazar medidas que ataquen las causas estructurales de la falta de vivienda, como la construcción o renovación de alojamientos. Asimismo, Bruselas busca claridad jurídica para normativas sobre segundas residencias y la desocupación prolongada, asegurando que las condiciones vinculadas a la compra no se apliquen retroactivamente.
Tanto la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, como el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, han subrayado la urgencia de estas medidas. Según el último Eurobarómetro, más de la mitad de los ciudadanos de las ciudades europeas considera la vivienda un problema inmediato y urgente.
En Madrid, por ejemplo, de cada 100 viviendas disponibles para alquiler a largo plazo, 40 están en el mercado de corta duración, ejemplificando el tipo de problemas que estas medidas intentan abordar. "La vivienda no es una mera mercancía, es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana", concluye Jorgensen.
