El Govern ha presentado un documento ante el Tribunal de Cuentas solicitando la aplicación de la Ley de Amnistía y el levantamiento de las medidas cautelares en los casos pendientes relacionados con el 1 de octubre y la acción exterior de la Generalitat durante el 'procés'. En este escrito, la Generalitat, como entidad presuntamente perjudicada, muestra su conformidad con extinguir las responsabilidades contables derivadas del 1-O y de las actuaciones políticas en el exterior. La decisión se sustenta en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que insta a aplicar el olvido penal.
El Tribunal de Cuentas tiene en curso un proceso unificado sobre el uso de fondos públicos para la ejecución del 1-O y para la promoción internacional del 'procés' entre 2011 y 2017, gestionados por Diplocat y las delegaciones del Govern. Actualmente, más de 30 ex altos cargos de la Generalitat están pendientes de esta decisión, incluyendo a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsellers del Govern durante ese período.
El Tribunal de Cuentas aún no ha aplicado la amnistía, pese a la decisión del TJUE, y ha abierto un periodo de alegaciones sobre la aplicación de la norma
Ante este contexto, el Govern ha presentado el escrito antes del posible trámite de audiencia a las partes afectadas, debido al carácter "preferente y urgente" de la amnistía, que según la ley, debe resolverse en un plazo máximo de dos meses. Por ello, solicita al Tribunal de Cuentas que resuelva sobre la amnistía dentro del plazo estipulado y que levante las medidas cautelares vigentes en el procedimiento. La Generalitat busca, de este modo, contribuir al cierre definitivo de uno de los últimos procesos de responsabilidad contable aún pendientes relacionados con el 'procés'.
