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El expresidente José María Aznar ha afirmado que su conocida frase "El que pueda hacer que haga" tiene "más sentido que nunca" en el actual contexto, haciendo un llamamiento a los ciudadanos responsables y comprometidos para actuar en beneficio de España. Aznar realizó estas declaraciones en un vídeo publicado este lunes en redes sociales, justo cuando se conocía el sumario sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha llevado al juez José Luis Calama a imputar al también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar el próximo 2 de junio. La llamada de Aznar a la acción cobra relevancia en un momento donde la imputación de figuras políticas ha intensificado el debate público El origen de esta frase se remonta al 2 de noviembre de 2023, durante las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, marcadas por la discusión sobre la ley de amnistía. En aquella ocasión, Aznar instó a que "el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte", señalando que se habían superado todas las "líneas rojas" y calificando a Sánchez como un "peligro para la democracia". Desde entonces, la expresión ha sido un punto de fricción con el PSOE, que recientemente defendió la "presunción de inocencia" de Zapatero en relación con su citación judicial. Aznar ha manifestado que no va a valorar la imputación de Zapatero, pero subrayó que en España "la Justicia es independiente y los jueces son autónomos en sus decisiones". Estos comentarios fueron realizados en un foro organizado por 'Expansión', tras conocerse el auto en el que el juez Calama situó a Zapatero como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias. El contexto político actual está marcado por las discusiones en torno a una potencial moción de censura impulsada por…
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró durante unos registros en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero una caja fuerte con joyas, cuyo valor se estima entre 30.000 y 50.000 euros. Así lo afirmó el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, portavoz autorizado del expresidente, durante una intervención en 'La hora de La 1. Arroyo explicó que la caja fuerte fue trasladada al despacho de Rodríguez Zapatero después de que este vendiera la vivienda que compartía con su esposa, decisión que permite cancelar la hipoteca mencionada en el auto de imputación del juez José Luis Calama. El cambio se realizó porque el exmandatario no deseaba mantener las joyas en su residencia de alquiler mientras finalizaba la construcción de su nueva casa. Las joyas encontradas son parte de la herencia de Sonsoles Espinosa y corresponden a regalos de viajes, según explicó la secretaria de Zapatero El portavoz desmintió categóricamente que estas joyas fueran regalos procedentes de Arabia Saudí con un valor de medio millón de euros. Además, agregó que el expresidente se mostró “sorprendido” cuando vio las fotografías de las piezas encontradas.
El pleno del Congreso debatirá este martes, 26 de mayo, una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca facilitar la celebración de juntas de vecinos de forma telemática, continuando una práctica extendida durante la pandemia. Además, se plantea la designación de un domicilio electrónico para las comunicaciones entre propietarios. Este debate decidirá si el texto se admite a trámite y, de ser así, se abrirá el periodo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, argumenta la necesidad de esta reforma debido al “éxito” que esta modalidad tuvo durante la pandemia. “Es necesario que se pueda asistir a las juntas por videoconferencia, si así lo ha aprobado previamente la junta de propietarios o lo tiene incluido en sus estatutos”, defienden desde el PP. La proposición del PP busca modernizar la gestión de las comunidades de vecinos con la celebración de juntas telemáticas y el uso de un Libro de Actas Digital En el marco de este proceso de digitalización, el grupo parlamentario sugiere también la implementación del Libro de Actas Digital para comunidades de propietarios. Este formato digital debería estar contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 para garantizar su plena seguridad jurídica. El PP sostiene que ya existe “tecnología disponible y consolidada” en otros sectores de la economía que puede asegurar la seguridad jurídica, administrativa y procesal necesaria para los procesos digitales en la gestión de comunidades. La inclusión de estas tecnologías, argumentan, contribuiría a modernizar y facilitar las gestiones cotidianas en las comunidades de propietarios.
La situación política en España se encuentra en un momento de alta tensión tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de presunta corrupción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presión para que el presidente del Gobierno adelante las elecciones generales ha ido en aumento, a pesar de que Sánchez ha dejado clara su intención de mantener el calendario electoral previsto para 2027. En un pleno del Congreso, Pedro Sánchez afirmó que las elecciones se celebrarán en 2027, desestimando la posibilidad de adelantarlas. "Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", declaró en respuesta a las demandas de la oposición y subrayó que "al Gobierno se llega con votos y no con atajos". Pese a las críticas de diversos frentes, el Gobierno asegura estar tranquilo respecto a los recientes desarrollos. Fuentes de Moncloa califican las advertencias de algunos socios parlamentarios, como el PNV, de parte del juego político preelectoral, especialmente en vista de las elecciones municipales en Euskadi en 2027. La imputación de Zapatero y las acusaciones de corrupción han causado un terremoto político que pone en duda la capacidad del Gobierno de Sánchez para completar la legislatura El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "irresponsable" la posibilidad de que Sánchez continúe en el cargo más allá de 2026, argumentando la falta de estabilidad y una agenda descontrolada. Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, sugirió que lo lógico sería convocar elecciones para comenzar un nuevo ciclo político con un gobierno renovado. La petición de adelantar las elecciones ha sido respaldada también por figuras como el expresidente Felipe González, quien ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero pero cree necesario ir a elecciones anticipadas. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page,…
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado el procedimiento de expropiación para la construcción de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y la frontera francesa, en el tramo Burgos-Vitoria. Esta fase del proyecto afecta al subtramo conocido como Variante Ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas, que se extiende íntegramente por la provincia de Burgos. Con una longitud de 16,695 kilómetros, el subtramo parte de la Variante Ferroviaria de Burgos, a la altura de Villafría y Cótar, y discurre paralelo a la línea convencional hasta Rubena. A partir de ahí, el trazado se dirige hacia el noreste hasta el Valle de las Navas. Diseñada para un tráfico exclusivo de viajeros, la línea permite una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora en doble vía de ancho estándar, alimentada por una corriente alterna de 25 KV. La construcción de esta línea de alta velocidad busca no solo mejorar la conectividad, sino también adaptarse al entorno y minimizar el impacto ambiental El proyecto comprende la construcción de seis viaductos, destacando el de 643 metros sobre el río Vena y el de 444 metros sobre el arroyo del Valle, que facilitarán la integración del trazado con la orografía local. Asimismo, se ha diseñado un falso túnel para mejorar la permeabilidad transversal de la fauna, junto a la reposición de caminos, carreteras y servicios impactados por las obras. Un puesto de banalización, que mide 1.265 metros y se encuentra en el tramo kilométrico 116,779 al 118,681, será instalado para optimizar la capacidad y gestión del tráfico ferroviario. Además, las obras incluirán la reposición de líneas eléctricas, tuberías y conducciones de gas, así como el restablecimiento de accesos a fincas y vías pecuarias. Para mitigar el impacto ambiental, se realizarán actuaciones de restauración vegetal, plantación de arbolado y medidas de integración paisajística en…
La proposición de ley que busca habilitar una pasarela para que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) enfrentará este martes, 26 de mayo, una prueba importante en el Congreso. La iniciativa será discutida en la Comisión de Trabajo, después de un aplazamiento ocurrido el pasado 20 de mayo. Originalmente, la comisión debía reunirse el 20 de mayo para continuar con la tramitación de la propuesta presentada por el PSOE, admitida en mayo de 2025. En dicha sesión, se esperaba la finalización del informe de la ponencia y la votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios. No obstante, la reunión se pospuso debido a que la mesa de la comisión, presidida por Aina Vidal de En Comú, no había recibido todavía algunos vetos del Gobierno a diferentes enmiendas, algunas de las cuales ya habían sido negociadas entre los grupos parlamentarios. La Constitución permite al Ejecutivo vetar enmiendas que impliquen un incremento del gasto público o una reducción de ingresos Los vetos requerían la admisión de la mesa de la Comisión de Trabajo, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría. Finalmente, tras una espera de dos horas, la presidenta de la comisión, Aina Vidal, determinó aplazar la reunión al 26 de mayo, momento en el cual ya se habrá decidido sobre los vetos y los grupos parlamentarios habrán podido presentar las enmiendas que consideren necesarias. El aplazamiento causó indignación en la oposición. Juan José Aizcorbe, portavoz de Justicia de Vox, acusó al Gobierno de bloquear las enmiendas enviadas el 20 de mayo con la intención de vetar cualquier modificación parlamentaria. "Están paralizando de forma cruel el trabajo que estamos haciendo los grupos parlamentarios", expresó. El Partido Popular, por su parte, emitió un comunicado criticando lo que considera una "pinza" entre PSOE y…
El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno español de someter a diputaciones y ayuntamientos a un "estrangulamiento financiero" debido a la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, esta situación impide una actualización "inmediata" de las entregas a cuenta y socava el "diálogo institucional" con las administraciones locales. Bendodo, quien realizó estas declaraciones en Valencia antes de participar en una reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells, criticó que mientras el Gobierno central tiene libertad para gastar y endeudarse, a los consistorios se les exige "déficit cero". El dirigente popular también propuso que los recursos ahorrados por una gestión eficiente de consistorios y diputaciones se destinen a la construcción de vivienda pública. La falta de unos nuevos PGE está provocando que las diputaciones pierdan 100 millones de euros mensuales, sumando 1.200 millones de euros anuales Según Bendodo, la situación es aún más grave para los ayuntamientos, que pierden 230 millones de euros al mes, lo que se traduce en 3.000 millones de euros anuales, una deuda que acumula el Gobierno de Pedro Sánchez. El representante del PP solicitó al Ejecutivo que presente un borrador de los PGE y criticó a la exvicepresidenta Mª Jesús Montero por no haberlo hecho. También expresó su escepticismo ante las promesas del actual ministro Arcadi España, al asociar el diseño del modelo de financiación autonómica con una discriminación hacia Andalucía y la Comunitat Valenciana. Bendodo también respaldó al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al expresidente del Gobierno Felipe González en su petición de elecciones generales "cuanto antes". El respalda el trabajo del Consell de Pérez Llorca, alabando su gestión en áreas como la reducción de impuestos y el desarrollo del plan de vivienda. Por su parte,…
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha solicitado el acceso al contenido de una cuenta de correo electrónico vinculada al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación del conocido como 'caso Plus Ultra'. Esta petición está dirigida a la empresa proveedora de servicios y alojamiento de dicha dirección de correo, con el objetivo de obtener toda la información correspondiente desde el 20 de marzo de 2020 hasta la actualidad. El caso investiga el presunto tráfico de influencias relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Según el auto judicial, del que ha informado Europa Press, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, está señalada como una figura clave dentro de una supuesta red que operaba con influencias ilícitas y documentación contable ficticia. El juez considera que Alcázar actúa como usuaria principal de la cuenta de correo de Zapatero, tratando esa cuenta como el nodo central de comunicación interna de la organización. La investigación apunta a que la oficina de Zapatero, identificada como un centro de coordinación, era clave en las actividades de esta red supuestamente fraudulenta Además de la cuenta del expresidente, Calama ha requerido el contenido de las cuentas de correo de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez, en la empresa What The Fav, dentro del mismo periodo. Estas acciones buscan recopilar la totalidad de los mensajes, borradores, elementos eliminados y demás carpetas, junto con los metadatos, para asegurar el material necesario para la investigación. Gertrudis Alcázar, de acuerdo con la investigación, junto a Cristóbal Cano, habría trabajado en la coordinación y elaboración de documentos que eran utilizados para desarrollar las operaciones de la red. Esta actividad se habría canalizado a través de una finance boutique, la cual recibiría instrucciones para crear la apariencia documental…
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe al juez Juan Carlos Peinado, en el que apunta irregularidades en contrataciones vinculadas a la cátedra codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el documento, algunos contratos se habrían realizado al margen del procedimiento establecido, de manera premeditada. La investigación se centra en la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva y su plataforma Transforma TSC, desarrollada con un coste directo de 108.765,79 euros para la UCM. Según el informe, colaboradores aportaron entre 225.000 y 253.000 euros de forma altruista para su desarrollo. La plataforma estuvo disponible de forma gratuita para pymes y público general, una situación que ha generado sospechas sobre la posible apropiación irregular del software por parte de Gómez. La UCO destaca cómo las contrataciones relacionadas con el proyecto se realizaron al margen de la normativa vigente, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de dichas acciones En particular, las empresas Making Science Group y Deloitte Consulting fueron contratadas por la UCM. En el caso de Making Science Group, se abonaron 20.000 euros sin tramitar un expediente administrativo, lo que fue detectado tras la prestación del servicio. Por otro lado, se sospecha que se habrían preparado documentos para dar a Deloitte una apariencia de legalidad, aunque la contratación se realizó sin seguir el procedimiento adecuado. Los pagos a Deloitte, en una primera instancia, fueron realizados mediante un contrato menor y un posterior procedimiento abierto simplificado. Sin embargo, los investigadores notan que los servicios se iniciaron antes de la adjudicación formal, sin mantener la relación con los plazos de ejecución acordados. Además, las condiciones presentadas en las ofertas parecían diseñadas para favorecer a Deloitte, limitando la competencia. Por su parte, Begoña Gómez…
El Gobierno de España ha aportado 1,2 millones de euros para fortalecer la respuesta frente al brote de ébola que azota a la República Democrática del Congo (RDC), donde ya ha causado más de 100 muertes. Esta contribución se ha canalizado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En detalle, se han destinado 700.000 euros al presupuesto regular de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), además de 500.000 euros específicamente al llamamiento regional de emergencia lanzado por esta organización. Estos fondos buscan enfrentar el brote en los países afectados y en otros vecinos en riesgo. España reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la acción humanitaria internacional y con el apoyo a respuestas coordinadas ante emergencias sanitarias El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha emitido un comunicado subrayando que la crisis requiere una actuación rápida y sostenida. El pasado 15 de mayo, las autoridades sanitarias de la RDC confirmaron el brote en la provincia de Ituri, al este del país. La cepa identificada, conocida como Bundibugyo, tiene una alta letalidad y no cuenta con vacuna ni tratamiento específico, lo que prioriza la prevención, vigilancia y respuesta comunitaria para contener la expansión del virus. La situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la situación como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, ante el riesgo de expansión regional y transfronteriza. La FICR, por su lado, ha hecho un llamamiento de emergencia para asistir a tres millones de personas, dado que entre 12 y 18 millones de personas en la región viven en zonas de alto riesgo de transmisión. Las actividades previstas incluyen medidas como la vigilancia comunitaria, rastreo de contactos, gestión de entierros seguros y dignos, control de infecciones, acceso a…