La Comisión Europea ha presentado un informe crucial sobre la ejecución del Plan de Acción para la Economía Social, evidenciando progresos significativos desde su inicio en 2021. Este documento, además de destacar los avances logrados hasta ahora, subraya la necesidad de implementar medidas adicionales para fortalecer este modelo en la Unión Europea. Entre los anuncios más importantes, se señala que 21 Estados miembro han adoptado o están desarrollando estrategias nacionales o regionales específicas, mientras que 12 países han llevado a cabo reformas legislativas.
Un aspecto fundamental del informe es el apoyo financiero destinado a este sector, donde más de 1.620 millones de euros en fondos europeos y 1.200 millones en garantías han sido movilizados a través del instrumento ‘InvestEU’ para el período 2021-2027. Esta inversión está dirigida a fortalecer la economía social en toda la región.
Mirando hacia el futuro, la Comisión Europea ha identificado prioridades claves para consolidar este modelo económico. Entre ellas, se encuentran la clarificación de las normas respecto a las ayudas de Estado, la facilitación del acceso a la inversión privada, la mejora en la disponibilidad de datos, y el refuerzo del apoyo a nivel regional y local.
A medida que Europa se enfrenta a retos geopolíticos, transformación industrial y crecientes presiones sociales, la economía social se está convirtiendo cada vez más en un motor de resiliencia, inclusión y competitividad
Estas palabras de Roxana Minzatu, vicepresidenta para Derechos Sociales y Capacidades de la Comisión Europea, reflejan la importancia creciente que adquiere este sector. En la Unión Europea, más de 4,3 millones de organizaciones generan alrededor de 11,5 millones de empleos, desarrollando actividades orientadas a objetivos sociales y medioambientales. Ejemplos notables son el acceso a viviendas asequibles y la prestación de cuidados.
Un Eurobarómetro de octubre del año pasado revela que la mitad de los europeos ha colaborado con entidades de economía social en los últimos cinco años, y un 75% de los ciudadanos considera que estas organizaciones desempeñan un papel crucial para la sociedad. Sin embargo, a pesar de los logros, la Comisión advierte sobre los obstáculos persistentes que enfrentan estos colectivos, especialmente en lo que se refiere al acceso a financiación y mercados, factores que continúan limitando su desarrollo potencial.
