La Comisión Europea ha manifestado su oposición a los nuevos aranceles del 10% y 12,5% que Estados Unidos planea imponer a 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, como respuesta a las importaciones supuestamente vinculadas al trabajo forzoso.
Esta medida estadounidense, fundamentada en las conclusiones preliminares de su investigación, busca contrarrestar lo que considera una desventaja para sus empresas frente a producciones implicadas en estas prácticas. Sin embargo, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha afirmado que "la UE considera injustificados los aranceles impuestos por estos motivos".
La Comisión Europea insiste en que las tarifas que Estados Unidos planea implementar son injustificadas y reitera su compromiso con la erradicación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales
La reacción de Bruselas también recuerda que, desde 2024, la Unión Europea prohibió la comercialización de cualquier producto derivado del trabajo forzoso, independientemente de su origen, reafirmando así su determinación de acabar con estas prácticas globales mediante acciones concretas.
Por otro lado, la Declaración Conjunta UE-EEUU, que logró una tregua arancelaria el verano pasado, compromete a ambas partes a colaborar para garantizar una fuerte protección de los derechos laborales, que incluye la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. "Un acuerdo es un acuerdo", recalcó el portavoz comunitario, defendiendo que la Unión está trabajando en la implementación de las disposiciones de la declaración antes de finales de junio, garantizando la adopción de reglamentos que eviten represalias arancelarias por parte de la UE, siempre que los aranceles estadounidenses no superen el 15%.
Los conflictos arancelarios tienen su origen en una serie de investigaciones iniciadas el pasado 12 de marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, estas investigaciones evalúan si diversas economías están aplicando efectivamente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. Las conclusiones determinaron que el incumplimiento de esta prohibición por parte de cada una de las 60 economías investigadas es "irrazonable o discriminatorio" y constituye una carga para el comercio estadounidense. En respuesta, Estados Unidos propone un arancel adicional del 10% o el 12,5% para estos socios comerciales, entre los que figuran la Unión Europea, Reino Unido y China.
