El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunieron el miércoles con representantes de los sectores agroalimentarios, de fertilizantes y de alimentación animal. El objetivo del encuentro fue analizar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio.
Durante la reunión se evaluaron las medidas gubernamentales destinadas a mitigar los efectos del alza en los precios del gasóleo agrícola y pesquero, así como de los fertilizantes. Fuentes del Ministerio de Economía informaron que el Gobierno ha destinado un paquete de 877 millones de euros para apoyar a estos sectores ante el encarecimiento de insumos esenciales para la actividad agraria y pesquera.
El 29 de junio está previsto que se apruebe en un Consejo de Ministros ordinario un Real Decreto-Ley de medidas para contrarrestar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio
Este encuentro marcó el cierre de una serie de reuniones también celebradas con los sectores industrial, gasista y petrolero, además de distribución y logística. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez adelantó que el nuevo Real Decreto-Ley buscará proteger tanto al tejido productivo como a la ciudadanía, en un contexto marcado por el anuncio de un nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.
El Gobierno aprobó el pasado marzo un decreto ley con ayudas fiscales para contrarrestar las consecuencias del conflicto, que impactaron especialmente en los precios energéticos. No obstante, algunas de esas medidas, como la rebaja del IVA a la electricidad o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad, expiraron en junio debido a la favorable evolución de los precios.
Sánchez señaló que el Gobierno está en conversaciones con los grupos parlamentarios para promover el nuevo decreto, con la esperanza de contar con el apoyo del PP esta vez. El proyecto será aprobado inicialmente en el Consejo de Ministros y, como todo decreto ley, será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Posteriormente, tendrá un plazo de treinta días para ser sometido a consideración del Congreso, que decidirá si lo convalida o deroga.
