La asociación Denaria ha instado al Gobierno de España, en particular al Ministerio de Economía, a establecer criterios objetivos para evaluar el acceso al efectivo, identificar posibles carencias territoriales o sociales y supervisar la evolución de la infraestructura de provisión y distribución. Esta petición surge tras la aprobación del paquete legislativo del Parlamento Europeo que regula el futuro euro digital.
Denaria ha solicitado a la cartera encabezada por Carlos Cuerpo que preste una atención prioritaria a los colectivos más vulnerables, como las personas mayores, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidad y aquellos que enfrentan mayores desafíos en entornos puramente digitales. La organización ha subrayado la importancia de que los indicadores de seguimiento sean vinculantes para asegurar la aplicación efectiva de la norma, permitiendo así una verdadera inclusión financiera.
El objetivo no debe ser únicamente garantizar la existencia formal de puntos de acceso, sino asegurar una inclusión financiera real y efectiva
Para ello, la asociación considera crucial definir los indicadores que evaluarán el cumplimiento de la norma, cómo se garantizará el efectivo acceso para los más vulnerables, y cuál será el papel y las obligaciones de las entidades bancarias en mantener una infraestructura adecuada. Denaria enfatiza que las entidades bancarias deben estar legalmente obligadas a garantizar el acceso gratuito al efectivo mediante una red suficiente de cajeros automáticos, considerando la retirada de efectivo en tiendas solo como un complemento.
La asociación también ha señalado el riesgo que supone la exclusividad de las cajas de autopago en comercios, que, al no aceptar efectivo, podría vaciar de contenido la norma de garantizar que el efectivo sea realmente de curso legal. Por lo tanto, solicita que siempre haya personal disponible para gestionar pagos en metálico en los puntos de venta físicos.
Además, Denaria aboga por que las máquinas automáticas que venden bienes y servicios esenciales no puedan rechazar el efectivo como forma de pago. En estos casos, sugiere asegurar una alternativa cercana que permita pagar en metálico. También ha propuesto delimitar de manera más precisa cuándo un billete de alta denominación puede considerarse "manifiestamente desproporcionado" respecto al costo de la compra, y ha pedido eliminar las excepciones que permiten rechazar un pago por falta de cambio.
