El Gobierno ha aprobado un real decreto ley destinado a mitigar las repercusiones del conflicto en Oriente Medio. Esta medida incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación gradual del impuesto sobre la producción de energía. Según anunció el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, las acciones se mantendrán para proteger tanto a hogares como a empresas, alineándose con un proceso de desescalada. Aunque reconoce que las medidas implementadas desde marzo han mitigado el impacto en los precios, Cuerpo subraya la persistencia de la volatilidad.
El Gobierno ha decidido extender algunas medidas de alivio fiscal debido a que la incertidumbre se ha reducido, pero la volatilidad persiste
El Ejecutivo ha confirmado la continuidad del alivio sobre el coste de la gasolina y el gasoil para hogares, adaptándose a la evolución del mercado internacional del crudo. La reducción del impuesto especial a hidrocarburos implicará rebajas progresivas: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre. Sin embargo, se cancelará la rebaja del IVA al 10% a los carburantes, en consonancia con recomendaciones de Bruselas.
Una cláusula de reactivación establece que, si el conflicto escalara y los precios aumentaran, el apoyo a los hogares volvería a 20 céntimos por litro. Además, el Gobierno revisará mensualmente la inflación, y si el IPC supera el 15%, se reactivarán las reducciones para electricidad y gas. El descuento para carburantes en sectores primarios y de transporte se mantendrá, añadiéndose 165 millones de euros en ayudas a la agricultura para fertilizantes.
Por otro lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha anunciado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) implementará un sistema para monitorear los márgenes de las estaciones de servicio, publicando listas de comportamientos anómalos.
En términos de fiscalidad energética, el impuesto del 7% sobre la producción de energía eléctrica será eliminado gradualmente, desapareciendo por completo en 2028. Esta medida, considera Cuerpo, reducirá estructuralmente la factura para hogares y sectores industriales, potencialmente aumentando la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y generando 3.700 empleos.
Se mantiene también la prohibición de despidos para empresas que reciban ayudas vinculadas al conflicto. Asimismo, se flexibiliza el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que las inversiones se realicen más allá de la fecha límite de agosto si cumplen los hitos necesarios.
El primer real decreto-ley ya aseguraba para todo 2026 un escudo social por medio de descuentos en el bono social eléctrico, incrementos en el bono social térmico y prohibiciones de corte de suministros a hogares vulnerables. Las nuevas medidas presentadas ahora supondrán un apoyo fiscal de 1.825 millones de euros en 2026, más 2.700 millones derivados del descenso en recaudación por la eliminación del impuesto a la producción. Además, se habilita al Organismo Nacional de Normalización para establecer normas técnicas que promuevan la generación renovable con un enfoque de excelencia territorial y ambiental, facilitando la tramitación preferente de proyectos destacados.
