El cobre se ha convertido en uno de los metales más estratégicos para la economía mundial. Su papel es esencial en la electrificación, las energías renovables, los coches eléctricos y los centros de datos. Sin embargo, el aumento de su valor también ha tenido un efecto colateral cada vez más visible, y no es otro que el incremento del robo de cableado de cobre, un delito que provoca interrupciones en el transporte ferroviario, las telecomunicaciones y el suministro eléctrico en numerosos países.
Aunque el robo de cobre no es un fenómeno nuevo, las autoridades europeas y norteamericanas coinciden en que su incidencia suele aumentar cuando el precio del metal alcanza niveles elevados. Según el Banco Mundial, el cobre es una de las materias primas cuya demanda crecerá de forma más intensa durante la transición energética. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) también considera este metal un recurso crítico para la electrificación de la economía, debido a su uso en redes eléctricas, motores, baterías y sistemas de generación renovable.
Un metal caro, valioso y difícil de rastrear
El valor económico del cobre explica parte del problema. Al ser un metal ampliamente reciclable y con un mercado internacional muy amplio, el cable sustraído puede introducirse con relativa facilidad en la cadena del reciclaje si no existen controles suficientes sobre su rastreo. No obstante, las consecuencias económicas van mucho más allá del valor del material robado. En el transporte ferroviario, la sustracción de cableado de señalización o de sistemas de alimentación puede provocar importantes interrupciones del servicio. En España, Adif ha denunciado en numerosas ocasiones robos de cable de cobre que han afectado a líneas convencionales y de alta velocidad, ocasionando retrasos, cancelaciones y costes de reparación que superan ampliamente el valor del metal sustraído. La reposición de los sistemas, las inspecciones de seguridad y la paralización temporal del tráfico ferroviario multiplican el impacto económico del delito.
Un fenómeno similar se observa en el Reino Unido. La British Transport Police ha señalado que el robo de cableado ferroviario llegó a convertirse en uno de los principales problemas para la puntualidad del servicio durante la década de los 2010. Aunque las medidas de seguridad y la mejora del rastreo del metal han reducido parcialmente los incidentes, el problema no ha desaparecido.
Las telecomunicaciones tampoco son ajenas a este fenómeno. Operadoras de distintos países europeos han alertado de robos de cable de cobre que afectan a redes de telefonía fija y conexiones de banda ancha, especialmente en zonas rurales donde todavía existen infraestructuras basadas en este material. Aunque la expansión de la fibra óptica está reduciendo progresivamente la dependencia del cobre en las comunicaciones, muchas redes continúan utilizándolo en determinados tramos o instalaciones.
El sector eléctrico también se enfrenta a este riesgo. Empresas distribuidoras denuncian periódicamente el robo de cableado en subestaciones, instalaciones industriales y parques fotovoltaicos. En estos casos, además del coste de sustitución del material, las compañías deben asumir gastos derivados de la reparación de equipos dañados y de la interrupción del servicio. La dimensión del problema ha llevado a varios países a reforzar la regulación sobre el comercio de chatarra metálica. Organismos como Europol han advertido de la creciente profesionalización de algunos grupos dedicados al robo de metales, mientras que diversos países europeos han endurecido los controles sobre los centros de reciclaje para dificultar la venta de cobre de origen ilícito. Entre las medidas adoptadas figuran la identificación obligatoria de vendedores, el registro de operaciones y restricciones al pago en efectivo.
La AIE estima que la demanda mundial de cobre aumentará significativamente en las próximas décadas como consecuencia de la electrificación del transporte, la expansión de las redes eléctricas y el desarrollo de las energías renovables. Este incremento estructural de la demanda podría mantener los incentivos económicos para el robo de este metal.
