Mercados e inversión

Bruselas abre un expediente a España por no trasponer la ley europea de cotización de pymes

La Comisión Europea inicia un procedimiento contra España por no transponer leyes clave sobre cotización y regulación de mercados

Bruselas abre un expediente a España por no trasponer la ley europea de cotización de pymes
Por Redacción Capital

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber completado la trasposición de la Ley de Cotización europea. Esta norma está diseñada para facilitar las salidas a Bolsa y mejorar el acceso de las empresas a los mercados de capitales, con especial atención a las pequeñas y medianas compañías.

España se encuentra entre los 18 Estados miembro que aún no han comunicado a Bruselas la incorporación completa de esta directiva a su legislación nacional, a pesar de que el plazo expiró el pasado 5 de junio. En consecuencia, la Comisión ha enviado a estos países una carta de emplazamiento, el paso inicial de un expediente sancionador.

La reforma es parte de la estrategia europea para la Unión del Ahorro y la Inversión, y busca incrementar la atracción de los mercados públicos de capitales de la UE

Entre otras disposiciones, la ley introduce una mayor flexibilidad para que las firmas de inversión puedan remunerar los análisis de terceros y establece un marco regulatorio para la investigación patrocinada por las empresas cotizadas.

Además, Bruselas ha iniciado otro proceso de infracción contra España y otros 20 países por no haber incorporado completamente la directiva que revisa el reglamento europeo sobre infraestructuras de mercado (EMIR). El plazo de transposición para esta normativa venció el pasado 25 de junio.

Esta actualización tiene como objetivo reforzar la gestión de riesgos asociados a las operaciones de mercado y establecer nuevas obligaciones para las entidades financieras y los supervisores, buscando reducir los riesgos de concentración en los mercados.

En ambos casos, los países afectados han recibido una carta de emplazamiento de Bruselas, que les concede dos meses para responder, completar la incorporación de las normas a su legislación y notificar las medidas adoptadas. Si las explicaciones ofrecidas no son satisfactorias, la Comisión puede emitir un dictamen motivado antes de considerar llevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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