El despacho de abogados Navas & Cusí ha solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una respuesta más enérgica frente a las estafas perpetradas por los denominados 'chiringuitos financieros' extranjeros que operan en línea captando clientes en España. La petición se produce tras el último informe anual del organismo regulador, correspondiente al ejercicio de 2025, que revela el descubrimiento de 458 de estas entidades y el lanzamiento de 1.246 advertencias sobre organizaciones no autorizadas, predominando las internacionales.
El informe destaca que la CNMV impuso 71 sanciones con un valor total de 19,4 millones de euros, un 57,6% más que el año anterior. No obstante, Navas & Cusí critica que la mayoría de estas multas se concentraron en operadores nacionales, detectando "una evidente desproporción" entre la cantidad de advertencias y las acciones efectivas frente a las plataformas extranjeras que persisten en sus prácticas fraudulentas.
Existe una sensación creciente de que el 'warning' se ha convertido muchas veces en el sustituto de la actuación ejecutiva real.
Fernando Navas, responsable de Nuevas Tecnologías en Navas & Cusí, advierte que aunque se informan las irregularidades a los inversores, los operadores extranjeros continúan engañando a clientes mediante la creación de nuevos sitios web, dominios y cuentas para seguir cometiendo fraudes. El despacho recalca que los fraudes que afectan al pequeño ahorrador suelen provenir de entidades extranjeras relacionadas con criptoactivos, divisas, contratos por diferencia y falsas inversiones en lugares como Chipre, Dubái, Seychelles o San Vicente y Granadinas.
El despacho apunta que la CNMV aduce dificultades para sancionar a estas entidades debido a la falta de activos en España, el uso de empresas pantalla, la cooperación internacional limitada y la dificultad para identificar a los verdaderos responsables. Sin embargo, Navas & Cusí insiste en que las advertencias y sanciones no son excluyentes y que los obstáculos no deberían frenar el desarrollo de una política sancionadora más efectiva.
Finalmente, el despacho hace un llamado a reforzar la cooperación europea y avanzar hacia un modelo que garantice una protección real al inversor.
