El Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley que establece medidas fiscales y financieras destinadas a la isla de La Palma, en respuesta a los daños provocados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en 2021. La decisión contó con la oposición de Vox y Junts. Este decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de septiembre, debía recibir el visto bueno del Congreso en un período de treinta días, tal como estipula la Constitución. Finalmente, la Cámara Baja ha aprobado la convalidación del texto, salvo por el rechazo de los partidos liderados por Santiago Abascal y Carles Puigdemont. Por otro lado, Esquerra Republicana, junto a los diputados de Compromís, Alberto Ibáñez y Águeda Micó (de los grupos Sumar y Mixto, respectivamente), y un exdiputado de Vox ahora en el Grupo Mixto, se abstuvieron. El resto del hemiciclo respaldó la medida.
El decreto contempla, entre otras disposiciones, una habilitación específica para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda usar 100 millones de euros del superávit de 2025 para financiar ayudas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción en La Palma. Además, se amplía al período impositivo de 2026 la deducción del 60% en el IRPF para los contribuyentes residentes en la isla.
En cuanto a las inversiones en vivienda, el decreto permite a las comunidades autónomas utilizar su superávit presupuestario de 2025 en inversiones sostenibles para 2026 y 2027, destinando estos recursos a políticas relacionadas con la vivienda. Asimismo, se autoriza a aquellas comunidades con una deuda sobre PIB inferior al 12,4% a finales de 2025 a emplear estos superávits de ejercicios anteriores en inversiones que se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028. Estas inversiones no contarán para el cumplimiento de la regla de gasto, lo que representa un cambio frente a la normativa actual, que obliga a dedicar los superávits a reducir la deuda.
Ocho comunidades, incluyendo Asturias, Canarias y Navarra, podrán movilizar cerca de 4.000 millones de euros en inversiones gracias a estas medidas financieras sostenibles
Las inversiones financieramente sostenibles son aquellas que, a largo plazo, influyen positivamente en la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas. Durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, contribuyen a cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Estas inversiones deben ser sostenibles económicamente durante toda su vida útil y, aunque no computan como gasto del ejercicio en el que se ejecutan, sí cuentan para el objetivo de estabilidad presupuestaria.
