El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha alertado sobre el desplazamiento estratégico de gran parte de la producción ilegal de tabaco hacia el interior de la Unión. Esta maniobra busca reducir las rutas del contrabando y aprovechar la falta de cooperación transfronteriza, lo que facilita un lucrativo negocio ilícito que priva a las arcas europeas de unos 13.000 millones de euros anuales en impuestos no recaudados.
Petri Sarvamaa, miembro del Tribunal de Cuentas de la UE, ha declarado que es esencial que tanto la Comisión Europea como los Estados miembro intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra esta actividad delictiva para proteger la salud, el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos. Durante un encuentro con la prensa, Sarvamaa explicó que este nuevo modelo operativo del crimen organizado busca acercar más los productos a los consumidores y explotar las diferencias en la aplicación de las leyes entre países de la UE.
El informe presentado por los auditores europeos destaca que las repercusiones de este comercio ilegal van más allá de la pérdida de ingresos fiscales. También compromete las políticas de salud pública al hacer los productos de tabaco más accesibles y económicos, especialmente para los jóvenes.
El comercio ilegal de tabaco alimenta el crimen organizado, financia actividades ilegales y representa competencia desleal para las empresas legítimas
El documento también menciona ejemplos concretos, como la desmantelación de una gran fábrica en España donde se incautaron tres millones de paquetes de cigarrillos falsificados. Estos, apilados, alcanzarían una altura cincuenta y seis veces superior al monte Everest.
El Tribunal de Cuentas de la UE critica la falta de datos confiables e independientes sobre el alcance del fraude y el mercado ilícito de tabaco en la región. La recopilación de datos exactos es vital para entender la magnitud del problema y diseñar soluciones efectivas, sostiene el informe. Actualmente, Bruselas se basa principalmente en la cantidad de productos incautados, lo que no ofrece una visión integral del volumen real de producción ilegal.
Además, el informe subraya la falta de armonización entre los Estados miembro en cuestiones legales, lo que obstaculiza la lucha contra el contrabando. Las diferencias en la regulación de insumos y maquinaria para fabricar cigarrillos, así como en la normativa sobre nuevos productos como el tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos, complican aún más la situación. La flexibilidad normativa que se permite a los Estados puede crear lagunas que los grupos delictivos aprovechan, ya que hay discrepancias en la definición de delitos y la severidad de las sanciones.
