La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) ha impuesto una sanción de 403 millones de euros a Google tras concluir que la compañía violó las normativas de recopilación y tratamiento de datos de geolocalización en varias de sus herramientas. La investigación, iniciada en febrero de 2020, reveló que Google carecía de transparencia en sus funciones de 'Actividad web y de aplicaciones', 'Historial de ubicaciones' y 'Precisión de la ubicación'.
Además de la multa, la DPC ha ordenado a Google ajustar su sistema de procesamiento de datos para cumplir con la normativa en un plazo de seis meses. Graham Doyle, subcomisionado de la DPC, subrayó la importancia de los datos de ubicación como un tipo de información personal que puede deducir la ubicación de una persona, señalando que, aunque estos datos pueden mejorar los servicios en línea, también pueden comprometer la privacidad personal.
La retención prolongada de datos de ubicación por parte de Google ha llevado a los usuarios a una pérdida de control sobre su información personal
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha recibido positivamente la resolución, calificándola de importante para los consumidores del continente. No obstante, su director general, Agustín Reyna, criticó la demora en la aplicación de la ley, afirmando que esta tardanza puede ser tan perjudicial como la falta de acción. Según Reyna, los derechos fundamentales de los consumidores merecen una protección más rápida y efectiva.
BEUC destacó que los datos de geolocalización son una de las formas más invasivas de estrategia comercial para las tecnológicas, ya que pueden revelar información sensible como creencias religiosas, estado de salud y orientación sexual. Reyna comentó que Google ha estado recopilando datos de millones de consumidores europeos para obtener información detallada sobre sus vidas privadas.
