La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe favorable sobre el proyecto de Real Decreto que regula el servicio universal de telecomunicaciones y otras obligaciones de servicio público. Según el organismo, el proyecto mejora el acceso y la protección de los usuarios, aunque sugiere medidas para reforzar la aplicación práctica de esta norma, especialmente en términos de disponibilidad del servicio cuando no hay operadores designados y en relación con las tarifas sociales.
El servicio universal de telecomunicaciones asegura que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios básicos, como internet de banda ancha y telefonía fija, con una calidad mínima y a precios asequibles, independientemente de su ubicación geográfica. El nuevo proyecto de Real Decreto adapta este marco al contexto actual de despliegue de redes de alta capacidad. Entre sus novedades destaca el aumento de la velocidad mínima de acceso a internet de 10 a 100 megabits por segundo (Mbps) en sentido descendente, el desarrollo del régimen de asequibilidad y el impulso a las tarifas sociales para usuarios con rentas bajas o necesidades especiales.
El incremento de la velocidad mínima de acceso a internet se alinea con los objetivos de digitalización y el elevado nivel de cobertura en España
Una de las innovaciones más relevantes del proyecto es la posibilidad de no designar un operador específico para el servicio universal si el mercado ya garantiza un servicio competitivo. En tal caso, todos los operadores deben garantizar el acceso al servicio en sus áreas de cobertura. La CNMC considera este enfoque coherente con el enfoque europeo, aunque recomienda aclarar su aplicación práctica.
La CNMC también ha señalado la necesidad de considerar mecanismos complementarios, como ayudas públicas, para mitigar posibles problemas de coste o inversión asociados a la prestación del servicio. Respecto a la asequibilidad, valora positivamente la definición de beneficiarios de las tarifas sociales, vinculados al Ingreso Mínimo Vital, y la aplicación de un descuento mínimo del 25% en los servicios universales, sugiriendo que el porcentaje pueda ajustarse anualmente.
Sin embargo, advierte que las tarifas sociales podrían ser ineficaces si no se considera el modo habitual de contratación de servicios, por lo que propone que los paquetes combinados de servicios no eliminen los descuentos del servicio universal. Por último, la CNMC ha reafirmado su compromiso de continuar supervisando los precios y las condiciones del servicio universal para garantizar su disponibilidad y asequibilidad en todo el país.
