La Audiencia Nacional ha decidido suspender provisionalmente la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), que validaba la liquidación impuesta a Repsol por un valor de 152,415 millones de euros en relación al Gravamen Temporal Energético del año 2023. Este auto, emitido el 24 de junio y al que ha accedido Europa Press, responde a la petición de la compañía energética y paraliza la ejecución del pago mientras se resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por Repsol.
En la resolución, publicada por Cinco Días, se indica que la liquidación ejecutada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria (AEAT) implicaría el desembolso de más de 152 millones de euros. La Audiencia Nacional estima que esta circunstancia podría acabar con el objetivo legítimo del recurso, ya que, incluso si la demanda fuera aceptada, no se podrían revertir los efectos negativos de un pago de tal magnitud.
La Audiencia Nacional considera que la suspensión de la liquidación no implica una perturbación grave de los intereses generales debido a que el crédito está asegurado por un aval bancario presentado por Repsol
Esta medida cautelar estará vigente siempre que Repsol acredite la vigencia y suficiencia del aval ante el tribunal. Además, la Audiencia Nacional ha tenido en cuenta la postura de la Abogacía del Estado, que, aunque no se opuso, condicionó la suspensión a la mantención de las garantías ofrecidas, lo cual, según los jueces, refuerza la aprobación de la suspensión. La decisión de la Audiencia se alinea con la doctrina del Tribunal Supremo, que valora especialmente la existencia de garantías suficientes en la vía administrativa, requeridas para justificar el levantamiento de una medida cautelar salvo alteraciones relevantes de las circunstancias.
El Gobierno impuso un impuesto extraordinario durante 2023 y 2024, que aplicaba un gravamen del 1,2% sobre las ventas de las empresas energéticas con ingresos anuales superiores a 1.000 millones. Aunque se intentó ampliar esta medida, no logró ser convalidada en el Congreso de los Diputados. Repsol, presidida por Josu Jon Imaz, se destacó entre las opositoras más decididas contra el denominado impuestazo, presentando recursos en los tribunales. En los dos años de aplicación, Repsol fue la empresa más afectada dentro del sector por este gravamen, abonando cerca de 800 millones de euros.
