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Los Gestores Administrativos piden adaptar Verifactu y la factura electrónica a las pymes

Los Gestores Administrativos solicitan al Gobierno revisar la obligatoriedad de la factura electrónica para no sobrecargar a pymes y autónomos

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Por Redacción Capital

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España ha instado al Gobierno a revisar con urgencia la implementación de Verifactu y la futura obligatoriedad de la factura electrónica. Este llamamiento busca adaptar las normas al tamaño real de autónomos y micropymes mediante criterios de proporcionalidad y riesgo fiscal. Así, se pretende evitar que los pequeños negocios asuman cargas tecnológicas que no se corresponden con su actividad diaria.

El calendario para la implementación de Verifactu establece dos plazos clave para que los sistemas de facturación en España se adapten: el 1 de enero de 2027 para quienes declaran el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para autónomos y otros obligados. Los Gestores Administrativos han subrayado que el 99,8% del tejido empresarial español está compuesto por pequeñas y medianas empresas. En estas estructuras reducidas, los empresarios suelen encargarse personalmente de múltiples roles, desde la dirección al cumplimiento normativo.

Las nuevas exigencias regulatorias restan tiempo valioso a los pequeños negocios, tiempo que podrían dedicar a producir, vender o generar empleo

Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General, ha señalado que si bien la tecnología permite conocer mejor la realidad de cada contribuyente, no se justifica que un pequeño negocio y una multinacional tengan las mismas obligaciones administrativas. El Consejo no cuestiona el proceso de digitalización ni las medidas antifraude fiscal, sino que defiende el uso de la inteligencia artificial y el potencial tecnológico de la Administración Tributaria para mejorar la eficacia del control, proponiendo una regulación más inteligente que distinga entre diferentes niveles de riesgo.

En este contexto, el Consejo General propone revisar la normativa para introducir medidas correctoras. Sus principales solicitudes son: incorporar criterios objetivos en la norma, aplicar exenciones selectivas y realizar un estudio de impacto conjunto. Además, han preparado un informe técnico detallado que muestra cómo una sola operación extraordinaria puede activar estas cargas tecnológicas permanentes en pequeños comercios.

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