“Combinar un bajo crecimiento con un expansivo gasto en materia de pensiones nos aboca a un expolio pauperizador de las generaciones venideras”
Durante los últimos cinco años, la recaudación fiscal del Estado español se ha incrementado en 157.000 millones de euros: desde los 438.000 millones de 2019 a unos proyectados 595.000 millones en 2024. Si bien, una parte de ese aumento de recaudación es meramente nominal, como consecuencia de la inflación, otra parte (la mayor) desde luego no lo es.
Si, a falta de conocer el IPC de lo que resta de 2023 y 2024, presuponemos que la inflación acumulada entre 2019 y 2024 es del 20%, tendríamos que el 80% de ese incremento de recaudación –125.000 millones de euros– será un incremento real y efectivo de recursos que maneja el Estado.
125.000 millones de euros anuales no es, desde luego, ‘moco de pavo’. Equivale a casi un 30% más de lo que se recaudaba en 2019. ¿Han percibido ustedes una sustancial mejora de los servicios públicos en estos momentos con respecto a 2019? Probablemente no, porque la mayor parte de esos ingresos públicos extra están siendo fagocitados por las pensiones públicas.
En particular, de los 157.000 millones de euros nominales (125.000 euros reales) en que habrá aumentado la recaudación durante el período 2019-2024, unos 55.000 millones de euros nominales (alrededor de 45.500 millones de euros reales) serán absorbidos por un mayor gasto en pensiones públicas. Más de un tercio de todo el exceso de recaudación para seguir engordando el sistema de pensiones.
Y lo peor es que esta dinámica no hará más que proseguir durante las próximas décadas. En 2050 (el peor año de la serie), el propio Ministerio de Seguridad Social estima que el gasto público en pensiones tomará el 14,7% del PIB, si bien reconoce que podría llegar hasta el 16%. Por hacernos una idea de lo que ello supone: si en 2024, el gasto en pensiones fuera del 14,7%, estaríamos gastando 90.000 millones de euros más que en 2019; y si fuera del 16%, 111.000 millones de euros más. Por consiguiente, entre el 57% y el 70% de todo el extraordinario incremento de la recaudación experimentado durante este último lustro habría ido a parar a las pensiones.
La situación podrá ser financieramente sostenible, pero, desde luego, es muy poco equitativa ‘intergeneracionalmente’: extraer cada vez más recursos de la población productiva para destinarlos crecientemente a las clases pasivas de la sociedad. Y digo que la situación podrá ser financieramente sostenible presuponiendo que a largo plazo seamos capaces de experimentar aumentos de recaudación similares a los que hemos vivido en los últimos años.
Pero la realidad es que, muy probablemente, no lo haremos: el Ministerio confía en que, en términos promedio, el PIB real español se expandirá a una tasa del 1,8% cada año durante los próximos 30 años, pese a que durante los últimos 20 sólo ha crecido al 1,4% y pese a que la población ocupada en nuestro país no va a aumentar apreciablemente (nuestra fuente de crecimiento durante los últimos 20 años ha sido ésa: el aumento de la población ocupada).
Entonces, ¿en qué fundamenta esa expectativa? En que la productividad crecerá casi al triple de lo que ha venido creciendo hasta el momento. ¿Y si no sucede? Pues entonces, el PIB aumentará mucho menos y la recaudación tributaria (incluyendo cotizaciones sociales) también lo hará, de modo que el expansivo gasto en pensiones ya no será únicamente un problema para la equidad intergeneracional, sino para la sostenibilidad financiera del Estado.
Combinar un bajo crecimiento (fruto de un bajo aumento de la productividad) con un expansivo gasto en materia de pensiones nos aboca a un expolio pauperizador de las generaciones jóvenes venideras. Y las decisiones políticas para que todo eso suceda las estamos tomando ahora mismo.
