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El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes la línea de avales de 2.500 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para acceder a la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a cargo. Así lo adelantó este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin de campaña de las elecciones autonómicas gallegas en Vigo, donde afirmó que el Gobierno aprobará esta línea de avales que cubrirá en un 20% la entrada de la compra de una vivienda para jóvenes y familias con menores a su cargo. Esta línea de avales del ICO va dirigida a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500 euros anuales y familias con menores a cargo para la cobertura parcial de los préstamos hipotecarios. La medida ya era conocida, la anunció por primera vez el propio Sánchez en mayo de 2023, en un acto en Santa Cruz de Tenerife, en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en la que el presidente encadenó varios anuncios sobre esta materia, también la construcción de cientos de miles de nuevas viviendas públicas. Ahora Sánchez ha concretado que el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes la apertura de la línea de avales y adelanta los planes iniciales del Ejecutivo, ya que hace apenas tres días, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, preveía aprobar esta medida a finales de este mes. El líder de los socialistas ha subrayado que esta medida servirá para cubrir esa entrada "que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse". "Esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, por si no estáis enterados, para que…
El pasado mes de noviembre, el panorama político volvió a iniciar su curso con la nueva legislatura y, en lo que a materia sanitaria se refiere, también se inició lo que se puede calificar como una nueva etapa, la de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad.  Antes de entrar a comentar los cambios que ha traído consigo el nombramiento de García como ministra, quizás sea interesante puntualizar cuáles han sido los puntos clave de su recorrido político.   La madrileña, además de iniciar su carrera política en 2015 y haber sido, hasta ahora, líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, donde se presentó a las elecciones autonómicas, es licenciada en Medicina y Cirugía y está especializada en anestesiología, cuyo desempeño ha llevado a cabo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.  La actual ministra de Sanidad ha defendido a ultranza durante toda su carrera política la sanidad pública. De hecho, en su toma de posesión, afirmó lo siguiente: “La misión será poner nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) en el centro”. A esto, añadió que era un orgullo para ella decir por primera vez como ministra las palabras que tantas veces ha repetido: “Viva la sanidad pública”.  Con ello, desde un primer momento como ministra dejó claro que España vivía un momento clave en su historia en materia sanitaria y este no era otro que el de “blindar la universalidad”, porque, en palabras de García, no hay nada más justo y eficiente que tener una sanidad que atiende a todas las personas que viven en nuestro país.   Pero, para entender qué le depara a la sanidad en esta nueva etapa, no solo hay que remontarse a la toma de posesión de la actual ministra, sino a un poco antes. Mónica García tomó posesión de una de…
“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).  La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.  Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.  Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.  En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que, en un contexto de reactivación de reglas fiscales y el previsible incremento del gasto neto por las medidas anticrisis, se puede complicar el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% este año y ha calificado de "llamativa" la decisión del Gobierno de convertir en permanentes los gravámenes a la banca y las energéticas, lo que convierte a estos impuestos en "multas ad hoc" para estos sectores. "Su conversión en exacciones permanentes, con independencia del nivel de beneficios, supone admitir que estamos en realidad ante multas ad hoc a determinados sectores, en vez de ante impuestos en el sentido habitual del término, pues estos deberían gravar la capacidad económica de acuerdo con reglas uniformes para todos", ha alertado Fedea en su último boletín de análisis de la situación económica. En materia de política económica, Fedea ha recordado que el Gobierno ha optado por una retirada gradual de las medidas tomadas para ayudar a los hogares a hacer frente a la fuerte subida de los precios de los productos y servicios básicos. En particular, se ha promulgado a finales de 2023 un Real decreto-ley que prorroga al menos durante un año las bonificaciones de precios del transporte público colectivo. El grueso de las medidas de alivio tributario a los precios de la energía y los alimentos básicos, por su parte, se irán retirando gradualmente, extendiéndose en principio sólo a la primera parte de 2024 en muchos casos. Para Fedea, muchas de estas medidas son "cuestionables". En concreto, ha señalado que las subvenciones directas o implícitas a los combustibles y la electricidad desincentivan el necesario ahorro energético, mientras que las ayudas que se aplican de forma universal, en lugar de limitarse a los colectivos que realmente las necesitan, generan un elevado…
El Gobierno ha aprobado este martes el incremento adicional del salario de los funcionarios del 0,5%, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, según ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y ha recogido Europa Press. La subida beneficiará a más de 3 millones de personas que desempeñan su labor para las Administraciones Públicas y tendrá un coste agregado de 818 millones de euros. Así, los salarios de más de tres millones de empleados públicos se incrementarán un 0,5% adicional desde 2023, debido a que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) el pasado año alcanzó el 2,5%, superando las estimaciones del Gobierno en una décima. Esta subida ya se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras el acuerdo firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en octubre de 2022 fijaba una subida salarial para los funcionarios en 2023 del 2,5%, que incluía dos incrementos adicionales del 0,5% cada uno, ligados a la inflación y al crecimiento económico. Ya el pasado mes de octubre se aprobó otra subida del 0,5% adicional del salario de todos los empleados públicos, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023, porque el IPCA de 2022 y 2023 --hasta septiembre-- superó el 6%. Ahora, se ha aprobado la segunda subida adicional del 0,5% ligada a la evolución del crecimiento económico, tras la certificación formal del INE. Una vez aprobado, el salario de los empleados públicos habría subido en 2023 otro 3,5%, lo mismo que en 2022. "La economía va bien y, por tanto, acompañamos los salarios de nuestros empleados públicos en esta coyuntura económica", ha destacado Montero. Incremento salarial fijo del 2% en 2024 Para este año, el texto del acuerdo contempla un incremento salarial fijo del 2% sobre la base…
El presidente del Gobierno cita la ampliación de Barajas como "la mayor inversión" aeroportuaria de la década, con 2.400 millones El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes en el acto ‘Sostenibilidad social: diseñar hoy el turismo de mañana’, en el stand de Turespaña de la feria turística Fitur, que la inversión para la ampliación del aeropuerto madrileño de Barajas alcanzará los 2.400 millones de euros.  Así, ha destacado la importancia del proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que constituye la "mayor inversión en la última década" en infraestructuras aeroportuarias con 2.400 millones de euros destinados al proyecto. Sánchez ha destacado durante su visita a Fitur 2024 que el valor de esta iniciativa "trasciende" las fronteras españolas y permitirá un "fuerte crecimiento" en capacidad y rutas en este aeropuerto, así como la creación de miles de empleos directos e indirectos, lo que se traduce en "generación de riqueza". El presidente del Gobierno ha puesto en valor que Barajas genera, hoy en día, "nada más y nada menos que casi el 10% del PIB de la Comunidad de Madrid", una cifra que "va a crecer significativamente" cuando la obra esté terminada. Además, ha subrayado que se va a fortalecer el liderazgo de este hub con América Latina y se va a desarrollar la "ambición" de que sea también un hub de conexión con Asia, atrayendo nuevas rutas y aerolíneas que operen a este continente. Con todo ello, ha asegurado que esta ampliación permitirá alcanzar los 90 millones de pasajeros para 2031, según la previsión, un 28% más. "Creo que es un aeropuerto que va a ser una seña de identidad de España en los próximos años", ha apuntado, añadiendo que "será el aeropuerto con más potencial de crecimiento de Europa". Las reacciones políticas a la ampliación de Barajas Al respecto, el…
Garamendi critica que se hable de diálogo social cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión sobre la reducción de jornada El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no rechaza hablar de la reducción de la jornada laboral, aunque puntualiza que esta se debe hacer "sector a sector" y en "cada mesa de negociación, como se ha hecho siempre". "Nadie está diciendo que no se puede reducir la jornada, de hecho hay sectores con más productividad que tienen menos jornada. No todos los sectores son iguales, por eso lo que planteamos es que se haga sector a sector, en cada mesa, que es como se ha hecho siempre", indicó este lunes Garamendi durante su participación en el foro de 'Innovación Turística-Hotusa Explora'. Al ser preguntado por la posición de la CEOE, el presidente de la patronal afirmó que esta mesa de negociación "ya tiene marcado el final y el resultado", por lo que "no se puede hablar de diálogo social" cuando el Gobierno ya ha tomado una decisión que obedece a "un hito político". Así se refería Garamendi a las declaraciones de unas horas antes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que se ha comprometido a llevar la reducción de la jornada laboral hasta la 37,5 horas al seno del diálogo social, con sindicatos y patronal, pero ha asegurado que lo llevará a cabo aunque la parte empresarial no esté de acuerdo. Garamendi ha señalado que el tema se tratará "cuando convoquen" a la patronal y ha insistido en que, según la Encuesta de Población Activa, de media se trabajan 39 horas y media, mientras que la real es 34 horas y media, por lo que ha reiterado que la reducción hay que tratarla "por sectores". Nuevas tensiones de Díaz con las empresas…
“Si descontáramos la inflación, el salario mínimo de 2023 de 1.080 euros mensuales sería equivalente a 927 euros con poder adquisitivo de 2020”  Patronal, sindicatos y Gobierno han mostrado su acuerdo en que hay que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, pero han discrepado respecto a la magnitud de la subida. Mientras que la CEOE ha aceptado subidas del 3%, los sindicatos han reclamado incrementos del 10%. Pero, como digo, todos han abrazado ya la aceptabilidad de la subida.  Tal cambio de expectativas, sobre todo entre la patronal, se nos ha vendido como un éxito del gobierno PSOE-Sumar (o PSOE-Podemos): que, al haberse normalizado las subidas del SMI, incluso la patronal entra en las negociaciones proponiendo subidas a las que se negaba en épocas anteriores. Y puede que en parte haya sido así, pero tampoco deberíamos desdeñar dos circunstancias que necesariamente alteran la actitud de la CEOE respecto al SMI.   En primer lugar, la propia posición del Gobierno, dogmáticamente decidido a subir el SMI sí o sí al margen de lo que reclame la patronal. Si por mucho que la CEOE recomiende no subir el SMI, el Ejecutivo va a terminar haciéndolo, puede que lo prudente en la negociación sea entrar con una cifra que, en este caso en aras del consenso entre los agentes sociales, el gobierno se plantee aceptar (o modificar ligeramente al alza). Dicho de otro modo, la patronal no opta por el camino que considera preferible, sino por el menos malo de los factibles. Se trata de minimizar los destrozos.  En segundo lugar, durante los últimos años, la economía española ha experimentado una muy notable inflación que, de hecho, ha contribuido a reducir el salario mínimo en términos reales. Mientras que en 2020 el salario mínimo era de 950 euros mensuales (en catorce pagas), hoy…
Junto al techo de gasto, el Gobierno aprueba los objetivos de estabilidad presupuestaria que se marcan para los años 2024, 2025 y 2026, un plan de reequilibrio que se acompañará al dossier que se entrega en el Congreso de los Diputados El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero de 2024, conocido como 'techo de gasto', y los objetivos de estabilidad presupuestaria, dando el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. El 'techo de gasto' del Presupuesto del Estado para 2024 se eleva a la cifra récord de 199.120 millones de euros, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Este paso es el punto de partida para la aprobación de las primeras cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas. "Este Gobierno se guiará, como el anterior, por el rigor en las cuentas públicas y la prudencia a la hora de presupuestar por el compromiso con la consolidación fiscal", ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2024, que por cuarto año consecutivo se sitúa en máximos. Según la titular de Hacienda, se trata de un límite de gasto "realista" y "prudente", que cuenta con margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas aprobadas para combatir el alza de los precios "si fuera necesario". "Una decisión que adoptaremos antes de que…
“El Gobierno refuerza su modelo tributario extractivo y retoma la batalla contra los grandes capitales y las empresas, pero también contra las comunidades y los ayuntamientos”  Con la renovación de ministros y ministras del Gobierno, la legislatura comienza como terminó la anterior: con déficit récord, deuda disparada y en fase creciente, expectativas prácticamente nulas de ajuste de gasto público y nuevas subidas de impuestos. Al menos, 14 nuevos cambios tributarios al alza, que no serán los últimos.  Cualquier atisbo de políticas liberales quedará reducido a las decisiones de las comunidades autónomas y a las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales), con sus restricciones estatales y sus limitaciones por los pactos políticos. Por cierto, según los últimos datos disponibles, los ejecutivos regionales ya registran superávit presupuestario, a diferencia del Estado central.  En esencia, en los próximos cuatro años, y si nada lo cambia, viviremos una nueva versión de la batalla del Estado contra el sector privado, contra los llamados ‘ricos’ y contra las grandes empresas. Este ‘tira y afloja’ provocará, con total seguridad, nuevos movimientos de sedes fiscales de multinacionales y deslocalizaciones de empresas y grandes capitales hacia territorios más ‘benignos’ con la inversión y el dinero del contribuyente. Lo estamos viviendo todos los días mientras la Administración central rentabiliza, euro a euro, todas sus subidas tributarias.  De momento, entre enero y septiembre del presente ejercicio, el denominado como ‘impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas’ ha logrado recaudar 620 millones de euros, mientras que el tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades aporta 578 millones ‘extra’. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria (AEAT), además, el ‘impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables’ ingresa otros 450 millones. Todos ellos se han aplicado en los últimos dos años.  El Ejecutivo ha prometido a Bruselas en su proyecto…