Estado -

Estado

09 abril 2024

Bonet (Cámara de Comercio) espera que el Estado no "intervenga" en Telefónica

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha contestado de manera rotunda a la pregunta sobre qué opina de la "intervención" del Estado en Telefónica. Ha ocurrido este martes durante un desayuno informativo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), asegurando le parecería bien que la entrada del Estado en Telefónica se llevase a cabo para "apoyar y ayudar", pero no para "intervenir". "Si es para intervenir... ya no me gusta", advierte. Durante el acto, Bonet ha aprovechado para felicitar al presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y al consejero delegado de la compañía, Ángel Simón, por la decisión de alcanzar una participación del 5% en Telefónica. "Me parece que es una buena decisión", confiesa. Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, CriteriaCaixa, el 'holding' de la Fundación Bancaria La Caixa, ha alcanzado una participación del 5,007% en el accionariado de Telefónica. Hasta el momento, CriteriaCaixa había manifestado ser titular de una participación directa del 2,69% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. "La operación se ajusta a la política de inversión de CriteriaCaixa, caracterizada por una gestión eficiente y prudente de su portafolio, focalizado en compañías con una atractiva política de dividendos, como Telefónica, que le permiten financiar la acción social de la Fundación La Caixa. En 2023, CriteriaCaixa recibió un total de 42 millones de euros en dividendos de Telefónica", informa la entidad en un comunicado. CriteriaCaixa ha hecho hincapié en que su participación en Telefónica tiene "carácter estratégico y de largo plazo" y que su principal objetivo es dotar a la operadora de "mayor estabilidad accionarial" debido a que, a su juicio, es una empresa "esencial" tanto para el país como para el sector de las telecomunicaciones a nivel internacional. [caption id="attachment_89817"…

04 marzo 2024

La ‘bendita’ inflación y la supuesta reducción de la deuda

“Los responsables de la gestión presupuestaria de la Administración deben preguntarse por qué el Estado español tiene que pedirle al mercado un crédito de más de 70.000 millones ‘extra’ cada año” El aumento de los precios tiene un efecto directo en el bolsillo y en el ahorro de los ciudadanos, así como en la cuenta de resultados de muchas empresas, que tienen que gastar más para comprar lo mismo o menos. Pero su impacto no es negativo para el Estado, sino todo lo contrario. Realmente, la inflación es una perfecta aliada que mejora la estadística macroeconómica y reduce, por extensión, todas las ratios macroeconómicas que reflejan los desequilibrios de nuestro país. El impacto de la subida de precios sobre la economía española en 2023 se cifra en casi 81.000 millones de euros en términos de PIB, según se desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto representa aproximadamente el 70% de los 115.700 millones adicionales que fue capaz de generar España el año pasado. Nuestro país, en términos reales, creció un 2,5%, mientras que el deflactor del PIB -la inflación- sumó otro 6% al nominal hasta elevar por encima de 1,46 billones de euros la ‘riqueza’ generada el año pasado. Llevado al terreno de la estadística, esto tiene un impacto directo y positivo en las variables macroeconómicas españolas. Esos 1,46 billones de euros, ‘vitaminados’ con el efecto de la inflación y el gasto público, explican por qué el Gobierno presume de haber “reducido” la deuda, cuando la realidad es bien distinta. El endeudamiento conjunto del Estado, las comunidades, las corporaciones locales y el resto de organismos de la Administración aumenta año tras año, sin parar, desde 2008. La deuda pública superó en 2023 los 1,57 billones de euros, según el Banco de España, 72.000 millones más que…

08 febrero 2024

La cuestionable rentrée del Estado en las empresas privadas

“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company). La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado. Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante. Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno. En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…

23 diciembre 2022

El déficit público baja al 1,16% del PIB hasta octubre

El déficit público del Estado cae al 2,02% hasta noviembre y los impuestos recaudaron 193.501 millones de euros hasta noviembre, un 19,4% más que en 2021 El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.168 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que supone el 1,16% del PIB --frente al 4,41% del mismo periodo de 2021-- y un descenso del 71,5% respecto al año anterior, según recoge Europa Press. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 677 millones, el déficit público se sitúa en el 1,21% del PIB, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta noviembre, se ha situado en 26.513 millones de euros, lo que supone un descenso del 62,3% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 2,02% del PIB, frente al 5,83% existente en noviembre de 2021. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,5%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 0,5%. "Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La Administración Central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta octubre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 15.168 millones, el 1,16% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 18.295 millones, lo que equivale al 1,4% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración…

30 noviembre 2022

El déficit público baja al 1,55% del PIB hasta septiembre y el del Estado cae al 1,37% hasta octubre

Los impuestos recaudaron 181.111 millones de euros hasta octubre, un 21,6% más que en 2021 El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 20.272 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone el 1,55% del PIB --frente al 4,69% del mismo periodo de 2021-- y un descenso del 64,2% respecto al año anterior. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 674 millones, el déficit público se sitúa en el 1,6% del PIB, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública recogidos Europa Press. En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta octubre, se ha situado en 18.016 millones de euros, lo que supone un descenso del 69,7% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 1,37% del PIB, frente al 4,93% existente en octubre de 2021. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 25,9%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 1,8%. "Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La administración central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta septiembre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 14.180 millones, el 1,08% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 16.537 millones, lo que equivale al 1,26% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta septiembre de 2022 un superávit de 2.357 millones, disparándose…

31 octubre 2022

Estado eficiente (II)

“Un poder judicial independiente y con calidad profesional es pilar del desarrollo. Lo contrario es desorden, imposición y subdesarrollo” En mi anterior colaboración, partiendo de la inviabilidad de una reforma constitucional a medio plazo y supuesta una mayoría absoluta de distinto signo en la próxima legislatura, proponía reformas en la Administración pública en pro de la eficiencia del poder ejecutivo. En esta aportación me propongo sugerir, supuestas las mismas circunstancias, modificaciones en los poderes legislativo y judicial. Por lo que se refiere al poder legislativo, se trataría de activar el debate y la transparencia como exigencias básicas de sus funciones legislativa y de control, lo que conllevaría una profunda reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, equiparando tiempos de intervención, estableciendo un régimen ágil de replicas y dúplicas y consagrando la obligación de responder con concreción y veracidad las preguntas formuladas al Gobierno. Así, el parlamentario insatisfecho por la respuesta o por el silencio recurriría a la Mesa de Congreso, y, de quedar insatisfecho, acudiría al Consejo de la Transparencia, quien requeriría una respuesta concreta y veraz. De frustrarse nuevamente, este Consejo lo denunciaría a la Fiscalía por obstrucción a la acción parlamentaria, delito de nueva creación que conllevaría la pena de inhabilitación para cargos público de la autoridad rebelde. Otras leyes de relevancia institucional merecerían inmediata revisión, tales como la ley de partidos políticos y de organizaciones sindicales y empresariales, que refuerce su funcionamiento democrático y el acatamiento al orden constitucional, derogándose la norma de sobrerrepresentación a favor de UGT y CCOO o como la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Y, desde luego, la ley de subvenciones, para cerrar un grifo incontenible e incontrolado, junto con otras de similar trascendencia. El poder judicial tiene la exclusiva función de juzgar y ejecutar lo juzgado según…

26 septiembre 2022

Estado eficiente (I)

“Al Estado hay que exigirle calidad, neutralidad y el ritmo que la Nación exige. Lo contrario es incumplimiento” El Estado es una superestructura de gestión y de representación de la Nación. El Estado es siempre instrumental, orientado a objetivos de libertad, justicia y seguridad, y la Nación soberana, es sustantiva. Nación soberana y Estado prestador, éste es el esquema demasiadas veces invertido (Estado soberano y Nación sometida). Al Estado hay que exigirle calidad, neutralidad y el ritmo que la Nación exige. Lo contrario es incumplimiento. Siendo impensable hoy cualquier reforma constitucional, cabrían soluciones legales de mejora, siempre que de la próxima legislatura surgiera una mayoría absoluta nueva. Empiezo por el poder ejecutivo. En otro comentario me referiré a los poderes legislativo y judicial. El poder ejecutivo lo constituyen dos ámbitos de distinta consideración. La dirección política (ministros y secretarios de Estado), que tiene mal arreglo, y el ámbito de los empleados públicos que, por desmesurado (paro encubierto) y desincentivado que sea, es mejorable, lo que atenuaría el impacto del capricho imponiendo la técnica y el derecho. Propongo dos reformas previas: a) garantizar la radical independencia de los Altos Organismos de Estado, sin tocar la Constitución, y b) crear una Escuela de Altos Estudios de la Administración. Los Altos Organismos del Estado estarían constituidos, exclusivamente, por funcionarios de alta cualificación (letrados de Cortes y del Consejo de Estado, inspectores de Hacienda, interventores, auditores, ingenieros, economistas y abogados del Estado y catedráticos de disciplinas congruentes con la función) que se incorporarían por concurso oposición y cuyos órganos de dirección se elegirían internamente por periodos quinquenales. Aportarían independencia y calidad, actuando como contrapoder de la dirección política en sus funciones consultiva, interventora e inspectora. De originarse daños por desatención de los criterios aportados, surgiría la responsabilidad patrimonial y/o penal de la dirección política. …

29 abril 2022

El déficit público baja al 0,88% del PIB hasta febrero y el del Estado se reduce al 0,44% hasta...

Según los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 11.439 millones de euros hasta febrero, lo que supone restar 7.899 millones del año antes, un 40,8% menos, por lo que desciende al 0,88% del PIB El déficit público baja al 0,88% del PIB hasta febrero y en lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de marzo, el dato se sitúa en el 0,44% del PIB, frente al 1,22% existente en el primer trimestre de 2021. De esta forma, el déficit se sitúa en 5.811 millones, lo que supone un descenso del 60,4% respecto a los 14.665 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, expone Europa Press. Este resultado se debe, según Hacienda, a un "sólido" incremento de los ingresos no financieros del 17,2%, frente al comportamiento de los gastos, que decrecen a un ritmo del 1,5%. "La evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo impulsadas por el avance del proceso de vacunación", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La administración central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta febrero, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 9.978 millones, el 0,76% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 11.050 millones, lo que equivale al 0,85% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta febrero de 2022 un superávit de 1.072 millones, frente al déficit de 950 millones de un año antes. De su lado, la administración regional registró un déficit hasta febrero de 331 millones, lo que equivale al 0,03% del…

18 noviembre 2021

El Estado releva a la banca como recurso financiero de "startups" como Wallapop o ThePowerMBA

La dificultad de estas empresas para desarrollarse provoca que las compañías también recurran a fondos extranjeros para conseguir financiación. Las 'startups' españolas consiguen financiación con mayor facilidad del sector público que de bancos, aunque señalan que estas ayudas son lentas y exigen numerosos requisitos a la hora de expedir certificaciones, licencias o permisos, según datos recogidos por Europa Press. Así lo recoge el informe de RSM 'Future in progress: el sector emprendedor español en primera persona', para el que han entrevistado en profundidad a diez emprendedores de las 'startups' Bodas.Net, Exoticca, Colvin, The Power MBA, Monei, Seedtag, gibobs, Wallapop, Bipi Car y Trucksters. A esta mayor facilidad de financiación se suman otro tipo de herramientas que se están facilitando a nivel institucional, como la ley de emprendedores, que el año pasado fue modificada para reducir la burocracia y beneficiar fiscalmente a estas empresas. "La empresa se ha enfrentado con diferentes retos, como todas las 'startups' en sus inicios. La burocracia es uno de ellos: tener que solventar todos los requisitos y requerimientos que debe cumplir cualquier empresa justo en sus primeras fases, en un momento en que está muy enfocada en su producto y en el mercado, es difícil", ha señalado el director financiero de Wallapop, Joaquín Ruiz. El estudio concluye que el ecosistema emprendedor español "todavía está madurando" y las firmas de 'venture capital' nacionales no consiguen satisfacer todas las necesidades de las 'startups', en tanto que los bancos se quedan fuera de la ecuación al no ser capaces de ofrecer las condiciones adecuadas. Fondos extranjeros como herramienta de financiación Esto hace que las compañías recurran a fondos extranjeros para conseguir financiación, una vez cuentan con métricas de facturación y número de clientes suficientes como para obtener créditos o aportes a capital de origen privado. Según datos de la…

10 septiembre 2021

El déficit público cae más de un 30 % en el primer semestre y el del Estado baja un 20,3...

Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, el déficit público, excluida la ayuda financiera, se situó en 48.594 millones de euros hasta junio, lo que supone restar 21.377 millones a la cifra registrada un año antes, un 30,6% menos, por lo que desciende al 4,02% del PIB El déficit público cae un 30,6 % en el primer semestre y el del Estado baja un 20,3 % hasta julio. En lo que respecta al déficit del Estado hasta el mes de julio, el dato se sitúa en el 3,98 % del PIB, y desciende un 20,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 48.077 millones de euros, según informa Europa Press. Este resultado se debe, principalmente al robusto incremento de los ingresos no financieros del 16,7 %, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 2,5 %. En cuanto al déficit público hasta junio, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte con 35.187 millones, el 2,91 % del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado alcanzó la cifra de 35.334 millones, lo que equivale al 2,92 % en términos de PIB. Por su parte, los organismos de la Administración Central registraron a finales del mes de junio un superávit de 147 millones, frente al déficit de 841 millones registrado en el mismo periodo de 2020. 3.626 MILLONES DE GASTO SOCIO-SANITARIO DE LA COVID EN CCAA De su lado, la Administración regional registró un déficit hasta junio de 6.387 millones, un 17,7 % menos respecto al año pasado, lo que equivale al 0,53 % del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los ingresos del 7,6 %, superior al aumento de los gastos del 5,5 %. De acuerdo con la información transmitida por las comunidades autónomas, 3.626 millones…