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Directivos

Jaume Guardiola echa balones fuera sobre la sentencia del 'procés': “No tengo opinión”

Por Redacción Capital

El consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, eludió pronunciarse este lunes sobre la sentencia del Tribunal Supremo del 'procés', que ha condenado a los 12 acusados por distintos delitos (sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia).

“No tengo opinión”, excusó aludiendo que se encontraba además en el 'X Encuentro del Sector Financiero' organizado por Expansión y KPMG, bajo el título 'Retos del nuevo modelo del negocio bancario'.

“No tengo comentario”, reiteró, evitando emitir opinión alguna al igual que hizo en el mismo foro escasos minutos antes el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, quien eludió a su vez la pregunta con un “me debo a mis accionistas, mis clientes y mis empleados, velamos por el bienestar financiero de nuestros clientes, no me pronuncio sobre cuestiones políticas o judiciales”.

Las tensiones independentistas en Cataluña y la celebración del referéndum ilegal provocó que varios miles de empresas trasladaran su sede social fuera de la región, empezado por los bancos, y tras sufrir una voluminosa salida de depósitos precisamente por la situación.

Tanto CaixaBank como Sabadell recuperaron el volumen con el traslado de la sede a Valencia y Alicante, respectivamente, y ayudaron a clientes a mover sus ahorros a sucursales fuera de la región.

El fallo del Supremo ha condenado, entre otros, al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta. A los que fueran sus consellers, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

El tribunal considera probado que hubo violencia, pero asegura que no fue suficiente para “proclamar que los hechos integran un delito de rebelión”. El fallo dice que los acusados eran conscientes de la “manifiesta inviabilidad jurídica de un referéndum de autodeterminación”.

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