María Jesús Montero, ministra de Hacienda
Equipo Económico prevé que el déficit público se situará en el 8,8% del PIB en 2021 y en el 7,9% en 2022
La deuda comercial de las Administraciones Públicas con el sector privado alcanzó al cierre de 2020 un total de 83.356 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior, según el informe 'La necesidad de agilizar los pagos del sector público a los proveedores' publicado este miércoles por Equipo Económico.
Si bien en los últimos años se ha observado un esfuerzo por parte del sector público para la reducción de las obligaciones pendientes de pago, los datos correspondientes a 2020 presentan un claro repunte de la deuda comercial de las administraciones acercándose a niveles de 2011, cuando el porcentaje de esta deuda sobre el PIB marcó su máximo en el 8,6%, con un importe de 91.313 millones.
Según su distribución entre los distintos niveles administrativos, a cierre de 2020 la Administración Central acumulaba la mayor parte de esta deuda, el 52,1%; seguida de las corporaciones locales, que acaparaban el 22,8%, a pesar de ser los niveles de la administración que presentan unas cuentas públicas más saneadas.
Por su parte, la Administración de la Seguridad Social, con unas crecientes necesidades de financiación, era responsables del 12,6% del montante de deuda; mientras que las comunidades autónomas aglutinaban el 12,3% restante.
Aumento de las necesidades de financiación del sector público
Entre las causas que contribuyen a la acumulación de deuda comercial se encuentra el aumento de las necesidades de financiación del sector público. Según se explica en el informe, en 2020 la paralización de la actividad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un aumento aún más significativo de las necesidades de financiación del sector público.
En aras de evitar que el desequilibrio en las cuentas públicas lleve de nuevo a situaciones de riesgo para la liquidez y solvencia empresarial, los expertos ven relevante establecer un seguimiento de la información disponible que permite analizar la situación de las obligaciones pendientes de pago del sector público frente al sector privado.
Incremento del gasto público y debilidad de la recaudación
De cara a los próximos años, y a pesar de que desde Equipo Económico prevén una reactivación de la actividad para el presente ejercicio que podría situar el crecimiento del PIB en el 6,5%, el significativo incremento del gasto público y la debilidad de la recaudación harán que el déficit público se sitúe en el 8,8% del PIB en 2021 y el 7,9% en 2022.
"El importante desequilibrio presupuestario podría motivar, una vez más, el retraso adicional por parte de la administración en el pago a los proveedores lo que, a su vez, repercutiría negativamente sobre los niveles de liquidez de las empresas", se argumenta en el análisis.
Este hecho resultaría especialmente perjudicial para las pymes, ya que, bajo determinados supuestos, la falta de liquidez puede derivar en problemas de solvencia y, en última estancia, la desaparición de la empresa, con el consecuente deterioro del tejido productivo español.
