Por Julio Ransés Pérez Boga, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado
Tradicionalmente, España ha sido uno de los países de Europa con una mayor economía sumergida. Pese a que, a lo largo de las últimas dos décadas, hemos conseguido rebajarla hasta la media europea. Con toda seguridad, la situación económica y laboral tras la pandemia provocará un rebrote tanto de la economía sumergida como del fraude fiscal. Por ello, en este momento de escasez de recursos para salir de la pandemia, necesitamos medidas que permitan controlar el gasto fiscal y reducir la economía sumergida.
En primer lugar, urge luchar contra el fraude “organizado”, basado en la creación de tramas, facturas falsas, testaferros, planificación fiscal abusiva, ocultación de activos en paraísos fiscales. Para tener más éxito en luchar contra estos grandes fraudes, asociados a delitos fiscales, Hacienda debería poder actuar de incógnito, realizar pagos a confidentes y dotarse de una policía fiscal.
En segundo lugar, es necesario impulsar el uso de Inteligencia Artificial y el análisis de datos masivos en el control tributario. La Ley Antifraude permitirá sancionar a aquellos contribuyentes que usen o comercialicen el llamado software de doble uso, que permite declarar a la carta y borrar las facturas que no se quieren declarar. El paso inevitable a partir de ahora es la homologación del diseño y uso de programas informáticos obligatorios de gestión.
En tercer lugar, es ineludible atajar el fraude del que no paga. Hace ya muchos años que los defraudadores han descubierto que es mejor declarar y no pagar, pues de esta manera eluden el delito fiscal, y constituyen sociedad tras sociedad para dejarlas morir llenas de deudas impagadas a Hacienda y a la Seguridad Social. La lista de deudores ha dado visibilidad al problema, pero no es suficiente. Debería tener consecuencias el estar en esa lista, tales como no permitir a quienes allí están, el constituir sociedades, o abrir cuentas bancarias.
En cuarto lugar, habría que obligar a las entidades financieras españolas radicadas en paraísos fiscales a proporcionar información de la identidad de los clientes de sus filiales en dichos territorios, y no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en ellos, salvo que cumplan los mismos requisitos de trasparencia que las sociedades españolas.
En quinto lugar, Hacienda debería tener competencias plenas para investigar los delitos contra la Hacienda Pública. Se debería tipificar como delito el ofrecimiento de servicios destinados al fraude, y suprimir la excusa absolutoria, para que, cuando se comete delito fiscal, aunque se regularice, no impida la condena penal.
En sexto lugar, eliminar los sistemas de módulos de IRPF e IVA, al menos para los que facturan mayoritariamente a otros empresarios, para evitar la tentación de emitir facturas falsas. Para fomentar el afloramiento de actividades e ingreso ocultos, deberíamos permitir deducir ciertos gastos personales en el IRPF vinculadas a actividades con alto nivel de economía sumergida, como personal doméstico, y otros que se prestan a particulares en sus domicilios, a cambio de información sobre estas transacciones. En el IVA se debería regular la exigencia de la responsabilidad de los diferentes participantes en una práctica abusiva o en un fraude, así como excluir la deducción del IVA soportado de aquellos operadores económicos que se lucran del fraude.
En séptimo lugar, estimular la moral fiscal de los contribuyentes mediante campañas de comunicación y de concienciación. Incidir especialmente en los jóvenes, contribuyentes del mañana, para tratar cambiar valores y comportamientos, introduciendo contenidos trasversales en los planes educativos a partir de la ESO.
Finalmente, es imprescindible reforzar los recursos de la Administración tributaria dedicados a la inspección, para situarnos en la media de los países europeos. Y potenciar la asistencia al contribuyente reduciendo trabas administrativas mediante procedimientos automatizados.
España y Europa afrontarán en los próximos años el reto de reducir la economía sumergida. En dicha línea, la Agenda 2050 fija el objetivo de rebajarla a niveles similares al de los países más desarrollados de la Unión Europea. Del éxito de esta medida, dependerá que España tenga la prosperidad y bienestar que todos deseamos.
