Por José Francisco Rodríguez, presidente de Capital
La OCDE y otras organizaciones hacen aflorar los problemas, hunden sus previsiones para la economía española y retrasan la recuperación a 2023. Y, como era de esperar, empiezan a aparecer problemas estructurales, como la debilidad del consumo; la pandemia; las dificultades que empiezan a aparecer para ejecutar y aplicar los Fondos Europeos; los cuellos de botella tanto en los suministros, logística como mano de obra; la inflación… Algunas, derivadas del contexto internacional, pero otras propias de las políticas nacionales.
No cabe duda de que el retraso en la velocidad de ejecución de los fondos europeos, a mi juicio, emponzoñado por el laberíntico proceso de distribución entre Comunidades Autónomas que ha desarrollado el Gobierno, no hace más que lastrar la implantación que necesitamos. Además, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en su informe “Transferencias de la UE vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)”, refleja aún una cifra muy reducida de ejecución.
Fundamentalmente, porque los fondos que llegan se transfieren a las Comunidades Autónomas, y, por tanto, aún no se contabiliza su ejecución final. Ello muestra, una vez más, la lentitud del proceso. De hecho, me viene a la cabeza la frase de Mark Twain “La historia no se repite, pero a menudo rima”. (¿Plan E?).
La evolución de la inflación sigue siendo una incógnita, o, al menos, parece que nadie se atreve a pronosticar su evolución. En España, además de sufrir los ajustes al alza de las materias primas y los bienes intermedios como el resto de países, nos encontramos, por nuestra delicada estructura productiva, con un alto paro y un estancamiento del consumo ante un riesgo de espiral inflacionista nacional.
Subida de precios y de salarios
Todo ello, motivado por los efectos que se pueden producir en breve, como la subida de precios, que provocará subidas de salarios, y, por supuesto, que las empresas trasladen estos costes a sus productos y servicios. Y, por tanto, al bolsillo del consumidor. En estos momentos, la inflación cuadriplica el alza de los sueldos y fulmina el poder adquisitivo. Así se desprende de la última Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, que recoge que un total de 1,13 millones de trabajadores en el país han tenido el sueldo congelado o incluso recortado en lo que va de 2021. Según una reciente encuesta del Banco de España, el 60% de las empresas repercutirá los mayores costes en sus precios de 2022.
De momento, al menos hasta ahora, ni los empresarios han decidido trasladar los costes de manera masiva a los precios, ni los sindicatos han hecho bandera para forzar subidas salariales. De hecho, es sorprendente que no haya nadie militando en el cabreo como, por ejemplo, con las subidas de la energía que afectan a miles de españoles.
Lo que es incontestable en estos momentos, es que la economía española se ha situado con un peor desempeño respecto a la eurozona. Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo han puesto de manifiesto recientemente: el PIB per cápita, que refleja el nivel de riqueza de un país en un momento determinado, ha descendido casi el doble en España que en la media de la UE durante la pandemia. Mientras que en nuestro país ha disminuido de 42.600 a 38.442 dólares entre 2019 y 2020 (unos 4.150 menos), en la UE de los 27 lo ha hecho de 46.728 dólares a 44.427 (unos 2.300 menos).
La crisis que viene es una crisis de carestía, en la que tendremos menos productos y más caros. Y, aunque es cierto que el escenario laboral ha mostrado un alto grado de adaptación, no tenemos que olvidar que gran parte de la generación de empleo es público, con un enorme aumento de contratación por parte de la Administración. Incluidos los ERTE y autónomos en cese de actividad, y sin olvidar, la constante amenaza de la contrarreforma laboral.
En resumen, no se puede gestionar un país y cuadrar cuentas subiendo impuestos. Y mi gran duda ¿la cohabitación imposible a la que estamos asistiendo está frenando el despegue?
