viernes 24 • junio 2022

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Huelga de transportistas: el freno del transporte provoca pérdidas de 600 millones a sector primario, industria y distribución

Según la cadena de valor agroalimentaria y de gran consumo, el paro del transporte en España ha ocasionado ya pérdidas de 600 millones de euros y pone en peligro a más de 100.000 puestos de trabajo

El sector del transporte está de huelga. El lunes 14 de marzo comenzó el primer día de un paro indefinido que parte del malestar de este gremio por el incremento del precio del combustible, el cual ha hecho que en las últimas semanas no les salgan las cuentas, y mucho menos llenar el depósito. Y no solo eso. También piden una revisión de unas condiciones laborales que consideran precarias.

El recrudecimiento de las acciones del paro del transporte en España ha ocasionado ya pérdidas de 600 millones de euros al sector primario, industria y distribución alimentaria y pone en peligro más de 100.000 puestos de trabajo, según las estimaciones realizadas por la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, Aecoc, Asedas, ACES y Anged), que recuerdan que estas acciones están perjudicando especialmente a sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista.

Las asociaciones, ante la gravedad de esta situación, han vuelto a reclamar al Gobierno la “máxima contundencia” a la hora de frenar acciones que están causando pérdidas millonarias al conjunto de la cadena, poniendo en peligro la viabilidad de miles de negocios y desestabilizando el contexto económico y social del país.

El conjunto del sector entiende la complejidad del momento y las afectaciones que este presenta para el sector del transporte, pero considera que es “momento de aunar esfuerzos” para reivindicar y agilizar la aprobación de un plan especial de ayudas al sector en línea con los aprobados en países como Francia o Italia.

La cadena de valor del gran consumo ha recordado el carácter perecedero y la esencialidad de los alimentos que se producen y se comercializan, por lo que este paro del transporte está causando estragos en los sectores de frescos y en áreas geográficas con gran arraigo sectorial como Andalucía, Galicia, zona norte del país, Extremadura y Levante.

Las empresas informan de que solo en Almería las compañías hortofrutícolas están perdiendo en torno a 10 millones de euros al día, en Huelva cifran que cada camión de frambuesa contiene unos 100.000 euros en producto y los de fresa unos 50.000 y son muchos los que no están consiguiendo salir con sus mercancías.

Por su parte, los exportadores se están quejando también de que no se les está permitiendo transportar el producto hacia otros mercados internacionales.

Pérdida de productos y desabastecimiento en las últimas horas

También los puertos y lonjas están teniendo serias dificultades para poder operar. Así, solo en Puerto de Celeiro (Lugo) tiene hoy 140 toneladas de pescado que si no puede sacar se van a echar a perder. Cada barco tiene un valor estimado de 60.000 euros y, aunque pierda la venta, debe hacer frente a los salarios mínimos, cotizaciones, etcétera. Este puerto tiene más de 1.000 trabajadores que si el conflicto se alarga pueden ver amenazados sus empleos.

Con la misma preocupación e impacto está afrontando la situación el sector cárnico y ganadero español. En algunas zonas de España, especialmente en Galicia, ya no se recoge leche en las granjas, hay graves problemas de abastecimiento de piensos para alimentar al ganado y la agresividad de quienes secundan la huelga está impidiendo que muchos otros transportistas autónomos ejerzan su derecho al trabajo.

Esta situación está provocando que las empresas de distribución deban asumir unos sobrecostes diarios de en torno a los 130 millones de euros diarios para poder transportar y redistribuir alimentos a los puntos de venta de todo el país y evitar problemas de abastecimiento.

Por su parte, asociaciones y empresas de todos los sectores de la industria alimentaria siguen reportando incidentes y graves problemas operativos que ya están obligando a parar la actividad de los centros de producción.

Además, han alertado de que en las próximas horas comenzarán los problemas de abastecimiento de productos, lo que afectará al suministro a las cadenas distribuidoras, así como al canal Horeca, que ya estaba fuertemente castigado por la pandemia.

La industria láctea se alía con los paros por falta de suministro

Las reuniones con el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no han surtido efecto y las consecuencias de este paro comienzan a ser visibles. El más relevante: la industria láctea ha paralizado su actividad.

Así lo han confirmado desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), que han decidido interrumpir el suministro de los insumos necesarios para la elaboración de productos lácteos y también el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, por lo que se ha anulado la capacidad de envasado y de almacenamiento y gestión de un alimento que es altamente perecedero y esencial para el consumo diario.   

Según Fenil, que integra a más de 60 empresas del sector y representa más el 95% de la producción nacional de productos lácteos, esta paralización está acarreando consecuencias sociales, económicas y medioambientales “inevitables”, ya que supondrá la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas desde hoy y, sobre todo, pone en riesgo el abastecimiento de productos como la leche y los lácteos.

La federación ha señalado que este panorama es el resultado del “desamparo y la impotencia” de los transportistas ante la actuación de los mal llamados piquetes informativos que han bloqueado su actividad. Y no solo eso. Han advertido de que solo se revertirá la decisión si se garantiza el derecho a la movilidad y la seguridad de los transportistas.

Qué piden los transportistas

Unas peticiones que también pide el propio gremio, quienes, impulsados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, reclaman que “el 90% de las empresas de transporte (medianas y pequeñas) nos encontramos en una situación de quiebra total y las condiciones laborales son de total precariedad con unas consecuencias que pagan de manera directa los conductores asalariados”.

Por eso desde la plataforma han decidido enviar una serie de baterías de reivindicaciones a los ministerios de Transportes y Trabajo solicitando sus reclamaciones. No obstante, al no recibir una respuesta satisfactoria, han decidido mantener la huelga con carácter “indefinido“.

Entre las exigencias: prohibir la contratación de servicios de transporte de mercancía por carretera por debajo del os costes de explotación, prohibir por ley de la carga y descarga por parte de los conductores y limitar estas laborales en un tiempo máximo de una hora desde su llegada; crear nuevas áreas de descanso por toda la red viaria; adelantar la edad de jubilación a los 60 años por ser una profesión de alto riesgo; así como reconocer la totalidad de las enfermedades profesionales derivadas de esta práctica, tanto para los trabajadores por cuenta ajena como los de por cuenta propia.

Posición del Gobierno

Desde el Gobierno las posiciones de los diferentes ministerios se han podido ir observando desde que el pasado lunes arrancase esta huelga indefinida. El primero de ellos fue el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que afirmó seguir “de cerca y con preocupación” esta huelga y pidió que no causase desabastecimiento de alimentos, pese a detectar algunas “disrupciones puntuales en algunos productos frescos como el pescado, las frutas y las hortalizas.

De esta forma, el titular de Agricultura hizo una “llamada a la serenidad” y al “respeto de la actividad” para que se garantice el abastecimiento alimentario. “Ha afectado a una pequeña parte, pero la huelga no puede paralizar el funcionamiento de la economía y en particular el sector alimentario”, recalcó.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha apelado a la “calma y la serenidad” ante el paro indefinido. “No llamemos a la alarma o a la confusión porque no estamos en un momento en el que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía”, les ha reprochado la ministra a los transportistas ante sus advertencias sobre una posible falta de abastecimiento, quien, a su vez, recalcó que no estaba teniendo “demasiada incidencia”.

No obstante, atendiendo a sus necesidades, Sánchez se comprometió a reunirse con los transportistas para valorar la posible priorización de algunas de las medidas que acordó con el sector el pasado mes de diciembre, cuando convocó un paro mayoritario en todo el país a las puertas de la Navidad. Y eso hicieron este pasado miércoles 16 de marzo. El problema es que no se llegó a un acuerdo que pusiese fin a los paros.

Ante esta realidad, desde el ministerio del Interior se ha creado este pasado miércoles un centro de coordinación con cuerpos policiales que dará instrucciones a todas las Delegaciones del Gobierno de España como respuesta al paro de transportistas convocado desde el pasado lunes.

El objetivo de la coordinación es garantizar el suministro de bienes, la prestación de los servicios esenciales y el derecho al trabajo de los camioneros que no se secundan el paro, informaron fuentes de Interior.

Las estaciones de servicio urgen una respuesta al Gobierno

Mientras, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) instaron al Gobierno a aprobar una reducción de los impuestos y tasas que soportan los carburantes, de forma temporal y extraordinaria.

Ambas patronales consideraron “imprescindible” una revisión a la baja de la carga fiscal de los hidrocarburos, con el objetivo de mitigar la situación que atraviesa la economía española y, en general, los sectores del transporte y de las estaciones de servicio, en particular.

Entre las medidas a tomar, han propuesto aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional, según explicaron en un comunicado.

“La reducción de la fiscalidad sobre los carburantes supondría un verdadero ‘balón de oxígeno’ para las empresas españolas, que asisten impotentes a una escalada de los precios de los carburantes que mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero de nuestro tejido productivo”, explicaron.

El transporte público pide las mismas condiciones

Por otra parte, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) aprovechó estas jornadas de paros para apuntar que el sector del transporte público debe contar con medidas similares a las puestas en marcha en el ámbito de las obras públicas y a las medidas de apoyo que prepara el Gobierno a la industria electrointensiva como consecuencia de la “extrema gravedad” de la situación actual, dado su alto consumo energético y porcentaje de coste que supone en su funcionamiento.

De esta forma, ATUC reclamó al Gobierno que se dote al sector de medidas de apoyo para intentar paliar la situación financiera por la que atraviesan, ya que, sin haber tenido tiempo para recuperarse de las consecuencias que tuvo la crisis del Covid-19 en su situación económica, ahora se suma el incremento de costes energéticos, poniendo en peligro la continuidad de gran cantidad de las concesiones y del funcionamiento del servicio.

Actualmente, las flotas de autobuses urbanos están impulsadas en un 38% con gas natural comprimido, y con la escalada de precios, un solo autobús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible anual de 20.000 euros, lo que representa para el conjunto del sector alrededor de 100 millones de euros, cantidad a la que indiscutiblemente hay que añadir la disminución en los ingresos por la venta de billetes como consecuencia de la pandemia.

En el caso del transporte público impulsado por energía eléctrica, como el metro o los trenes de cercanías, el impacto puede implicar un incremento del precio del 400%.

Por este motivo, el sector instó a una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos con las empresas concesionarias de transporte colectivo, y que los contratos de concesión puedan indexarse al coste del precio de la energía en todas sus variantes. También pidieron  que el sector ferroviario tenga un tratamiento similar a las industrias intensivas en consumo eléctrico.

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