Por el Día Internacional de los Trabajadores, Capital analiza junto a expertos de IDBO Consultants y Procesia las ventajas de implantar un canal de denuncias en las empresas
Cualquier trabajador en el contexto laboral tiene la capacidad de advertir de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción en una empresa. Pero, ante tal situación y, frente a la protección ciudadana por mostrar una conducta valiente, ¿hay constancia en el mundo laboral de la existencia de un ordenamiento jurídico que les ampare?
Como recoge el Anteproyecto de la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, publicado ya por el Gobierno y explicado a Capital por expertos de IDBO Consultants, “la ley obliga a todas las entidades del sector público y a las del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores a establecer un canal de denuncias eficaz y que garantice los derechos de la persona que comunica una posible infracción”.
A simple vista parece que esta normativa se articula principalmente para evitar delitos como la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales. Sin embargo, la realidad va más allá, porque entre otras muchas cosas sirve para prevenir infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Como pioneros en la creación de un canal de denuncias eficiente, los expertos de IDBO Consultants y Procesia, destacan que esta futura ley, conocida también como ley ‘Whistleblowing’, supondrá un antes y un después a la hora de proteger a los trabajadores que comuniquen infracciones e irregularidades de las que sean conocedores en el contexto laboral.
“El canal de denuncias permite gestionar de forma segura las comunicaciones recibidas, garantizando la confidencialidad de los datos e incluso el anonimato, e impidiendo el acceso a personal no autorizado”, aseguran desde IDBO Consultants y Procesia.
La Directiva ‘Whistleblowing’
La Directiva ‘Whistleblowing’, en palabras de los expertos, “es una Directiva europea que nace para defender y garantizar los derechos de las personas que comuniquen infracciones en entidades tanto del sector público como privado”. Para conseguir este objetivo, pauta una serie de medidas: desde la información y asesoramiento sobre los procedimientos de denuncias y los recursos disponibles, a la asistencia por parte de las autoridades competentes implicadas en la protección de la persona informante y en su asesoramiento jurídico.
Preguntados sobre si la futura ley modificará la actual, los especialistas de IDBO Consultants y Procesia apuntan que, a efectos del cumplimiento y adaptación a los requisitos y necesidades fijados por la Directiva, “los Estados miembros tienen que realizar una labor muy minuciosa y cautelosa”. En el caso de España, es probable, como describen, “que la transposición a nuestro ordenamiento requiera no solo la adopción de una norma ad hoc, sino también la revisión y modificación de normas existentes, tales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Asimismo, relatan que “el Anteproyecto establece unas multas cuyos importes variarán en función de la gravedad de la infracción y de la naturaleza del infractor -persona física o persona jurídica-, pudiendo llegar hasta el importe de 1 millón de euros”.
Cuatro cosas que las empresas pueden hacer por ti
- Crear un ambiente favorable para comunicar infracciones. Establecer un canal de comunicación seguro y fiable representa uno de los instrumentos más eficaces para prevenir malas conductas y detectar infracciones en una organización. De hecho, gracias a este cauce confidencial y a protocolos elaborados al efecto, se crea un entorno de trabajo en el que los trabajadores sienten que pueden denunciar conductas indebidas sin preocuparse de subir consecuencias para su carrera, fomentándose así la comunicación de infracciones.
- Prevención del acoso sexual o por razón de sexo. Tanto en este caso como en los demás, esta vía no sustituye a los tribunales. Pero el canal ‘Whistleblowing’ ayuda a prevenir y dar cauce a denuncias o reclamaciones que puedan formular trabajadores por situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo.
- Evitar catástrofes sanitarias y medioambientales. Estudios realizados por organismos internacionales han demostrado que el establecimiento de canales de denuncia seguros y fiables supone un recurso esencial para evitar desastres sanitarios y medioambientales. De hecho, por la actividad desarrollada en el seno de las organizaciones, muy a menudo son los trabajadores las primeras personas que tienen conocimiento de las amenazas o daños al interés público que surgen en estos ámbitos y, al comunicarlos, realizan una función social extremadamente importante.
- Asegurar una buena praxis empresarial. Si un trabajador observa conductas o acciones sospechosas que pueden suponer una infracción legal, comprometer la seguridad o la salud o incumplir los códigos éticos o la normativa interna corporativa, puede comunicarlo a través del canal de denuncias y hacer que la situación cese. Una buena praxis beneficia a todos y puede ser una palanca de cambio en el ámbito empresarial.
El papel que asumen las empresas con esta normativa, como concluyen desde IDBO Consultants y Procesia, radica en que “los Canales de Denuncias favorecen el conocimiento de posibles incumplimientos en la propia organización. De hecho, no solo suponen el cauce, sino que además involucran a la empresa garantizando la atención y gestión de esta información de manera objetiva y segura para los informantes, sean trabajadores, clientes, proveedores o terceras partes relacionadas con la organización”.
