"El problema real vendrá más adelante. La vinculación de la revalorización de las pensiones con un IPC descontrolado disparará aún más los costes de la Seguridad Social"
La Seguridad Social está en situación de quiebra y el modelo actual de ingresos y gastos que la sustenta no va a ser capaz de devolverla a una situación de equilibrio. Más allá de los discursos políticos, continuamente dirigidos hacia la captación de votos en el futuro más próximo, un rápido vistazo a la evolución del déficit público de España en los últimos meses sirve para ilustrar el problema: un ritmo preocupante de aumento de los desequilibrios en la institución que garantiza el modelo de bienestar social de nuestro país.
De las cuatro grandes “ramas” en las que se divide la Administración Pública en España (Central, Regional, Local y Seguridad Social), las tres primeras han conseguido reducir su déficit de una forma más o menos relevante. La última, la que nos ocupa, ha hecho justo lo contrario en los últimos años: lo ha disparado de manera alarmante. Ni siquiera el aumento del empleo es capaz de sostenerla, y la visión cortoplacista de su gestión promete agravar más el problema.
Según datos de la Intervención General del Estado (IGAE), correspondientes al pasado mes de febrero, la Administración Central redujo su déficit en tasa interanual en un 38,3%, desde los 16.662 hasta los 10.280 millones de euros, mientras que la Administración Regional -las comunidades autónomas- lo bajó un 77,3%, desde 1.455 hasta 331 millones. A la espera de incorporar los datos de las corporaciones locales -ayuntamientos y diputaciones provinciales-, que también fueron positivos, la “piedra” en el camino de la reducción del agujero presupuestario de España parece ser la Seguridad Social.
La IGAE calcula que el déficit de la Seguridad Social solo se redujo un 8,8% en tasa interanual en febrero. El volumen del desequilibro es menos abultado, en comparación, con el de la Administración Central, ya que pasa de los 1.239 millones de euros del primer mes 2021 a los 1.130 millones en 2022.
Revalorización de las pensiones
El problema real vendrá más adelante. La vinculación de la revalorización de las pensiones con un IPC descontrolado -rozó el 10% en marzo y superará el 7% de media en el conjunto del año- disparará aún más los costes de la Seguridad Social. Es más, el gasto mensual superará con total probabilidad los 11.000 millones de euros ya durante el presente ejercicio, lo que augura que el “agujero” del sistema será probablemente muy superior al registrado en 2021.
El déficit de la Seguridad Social cerró el pasado ejercicio en 11.192 millones de euros, una reducción, desde los 13.131 millones del “pandémico” 2020, apoyada casi en su totalidad en los incrementos de ingresos por cotizaciones sociales. Es decir, gracias la acción combinada de incrementar el esfuerzo fiscal en un momento de aumento del empleo.
“La Seguridad Social es la única gran ‘rama’ de la Administración que está aumentando su déficit, y de forma alarmante”
El cuadro macroeconómico ha saltado por los aires -recordemos que los Presupuestos se han elaborado con un aumento del PIB del 7%, es decir, de más de 1,3 billones de euros- y la economía no será capaz de aportar tantos ingresos “extra” en forma de impuestos al trabajo. De hecho, la EPA del primer trimestre ya arrojó una reducción de más de 100.000 empleos. La Seguridad Social, con toda probabilidad, va a cerrar 2022 con un déficit público ostensiblemente superior al registrado en 2021. De hecho, va camino de superar los niveles incluso de 2020.
Dicho de otra forma: el efecto conjunto de aumentar las pensiones vinculándolas al IPC y un crecimiento económico y del empleo inferior al previsto darán como resultado un aumento disparatado del agujero presupuestario de la Seguridad Social.
Para aliviar la presión del sistema, y dejar de convertir a los españoles en personas dependientes del Estado para el futuro de sus finanzas tras la jubilación, los planes de pensiones parecían una buena solución. Pero como la Administración se ha especializado en perseguir cualquier modelo que favorezca el ahorro privado, la reducción de las ventajas fiscales de estos productos, en síntesis, ha hundido las aportaciones de los ahorradores.
Encontrar la libertad económica y la independencia financiera en la España democrática nunca pareció tan difícil como ahora.
