La trágica guerra de Ucrania, así como la gran crisis energética, han desencadenado consecuencias negativas en un mundo que, de por sí, ya se encontraba en una época extremadamente inestable y azotada por la pandemia de la Covid-19. Este panorama de incertidumbre social se ha reflejado una vez más en la economía, creando un periodo distorsionado e inflacionista en el que los precios se disparan en dirección contraria al poder adquisitivo.
La reacción de los dirigentes políticos no ha tardado en llegar. El pasado 29 de marzo entró en el terreno de juego el Real Decreto-Ley 6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En concreto, desde el punto de vista laboral, merece especial atención el título IV, que fija una serie de medidas de protección para los trabajadores y colectivos vulnerables. El fin último de este plan no es otro que frenar el impacto de la distorsión económica coyuntural y extraordinaria que estamos sufriendo, evitando así la destrucción de puestos de trabajo y del conglomerado empresarial.
Los agentes sociales implicados -CEOE, Cepyme, CCOO y UGT-, con intereses contrapuestos, no han quedado indiferentes ante estas medidas de garantía del empleo complementarias a los ERTE y a los mecanismos RED previstos en el artículo 47 y 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. La raíz de estos instrumentos proteccionistas no es otra que el blindaje de las personas trabajadoras frente a un despido cuya causa sea provocada por la crisis energética o como consecuencia de la invasión de Ucrania, y el descontento de la patronal era de esperar.
En efecto, en línea con lo experimentado con las bonificaciones de las cotizaciones de los trabajadores afectados a los ERTEs, las empresas que se adhieran a este plan de ayudas se verán imposibilitadas para justificar los despidos objetivos en el aumento de los costes energéticos y por causas relacionadas con la invasión de Ucrania. Ello, so pena de tener que devolver a las arcas del Estado el importe de la ayuda pública recibida.
Este tipo de políticas intervencionistas entran dentro del patrón seguido por el Gobierno estos últimos años y, como todo, tiene puntos fuertes y débiles dependiendo del bando en el que nos situemos. Si bien son medidas garantistas para las personas trabajadoras y su continuidad en el mercado laboral, por contra, suponen un obstáculo a la libertad de empresa y su capacidad de decisión sobre la viabilidad o no del negocio a corto y largo plazo.
No obstante, considero congruente que el Estado, al ofrecer el plan de ayudas, exija ciertas condiciones. Todo por cuanto no sería lógico y solidario que se destinen por las empresas a sufragar despidos objetivos. Ello, además, es consistente con cómo hacen los bancos privados con las líneas de financiación, cuando no permiten destinarlas a fines ajenos a asegurar la supervivencia de la actividad empresarial.
A modo de conclusión, es muy importante el llamamiento a nuestros representantes políticos, y, especialmente, al Gobierno, para que no cesen de elaborar medidas que mitiguen las consecuencias devastadoras para la economía y la sociedad, derivadas de la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación disparada que estamos viviendo.
