Vivimos tiempos de extraordinaria incertidumbre económica y desde la Administración se afanan en actualizar sus previsiones ante una realidad que cambia continuamente. Y lo que es más grave: en lugar de acometer reformas imprescindibles en estos momentos, seguimos enfrascados en debates inocuos de índole ideológico.
La realidad es que a pesar de que nos han ido trasladando mensajes de confianza en relación con la inflación, hemos pasado de un “esto es transitorio” a “la inflación seguirá en 2023”. Con este panorama urge más que nunca un pacto de rentas, que como sería lo lógico, se basará en una estrategia también fiscal. No dejamos de escuchar cómo los sindicatos y también desde una parte del Gobierno solo se pretende abordar este pacto desde la perspectiva de que sea el empresario el que asuma el coste. Pero, ¿alguien cree que esta es una solución?
Estamos en manos de políticas ideológicas, que como hemos podido comprobar hasta ahora se alejan de la aplastante realidad –y lo digo porque soy incapaz de entender por qué desde el Gobierno se evita negociar en este necesario pacto el tema de los funcionarios, las pensiones y los impuestos–, y tenemos que asumir de una vez las recomendaciones del Consejo Europeo de limitar el crecimiento del gasto corriente al crecimiento del PIB, que en nuestro caso aún es más acuciante por el riesgo de que nuestra prima de riesgo no se dispare.
No es de recibo en una economía moderna pensar en un pacto de rentas “a la carta”, y mayor error sería aún no contemplar este pacto desde una perspectiva de máximo consenso incluso en el Parlamento. No podemos seguir con parches parciales en una cuestión que nos va a afectar en los próximos años. No podemos seguir planteando exclusivamente la limitación de dividendos de los empresarios, incrementos salariales, impuestos o proyectos como la cogestión empresarial.
En un año próximo lleno de elecciones, que se repita el riesgo de utilizar el pacto con fines electorales es enorme. Más si cabe visto lo sucedido hasta ahora, porque si se trata solo de empresarios y sindicatos, ya tenemos el Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva, pero si lo que realmente queremos –y necesitamos– es un pacto de empleo, se debe incluir en la negociación los funcionarios, las pensiones y los impuestos, con la participación de los partidos mayoritarios –como ya se hizo hace años– en la ahora denostada Transición con los Pactos de la Moncloa.
Urge este acuerdo y poder aprovechar en los próximos cuatro años los próximos 90.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Comisión Europea. Urge desarrollar amplios consensos para abordar los retos que tenemos por delante, aunque tengo que añadir mi pesimismo al respecto vista la trayectoria hasta ahora. El pacto de rentas, no puede ser “a la carta”, tiene que basarse en una distribución equitativa donde se distribuye la pérdida de renta y el aumento de coste entre todos, incluida la gestión del presupuesto de gasto público. El pacto de rentas va de ser competitivos también a nivel internacional.
