sábado 03 • diciembre 2022

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Las comunidades se rebelan contra el Gobierno y bajan los impuestos

Las comunidades autónomas anuncian rebajas fiscales para las rentas medias, desoyendo lo acordado por el Ejecutivo

España vuelve a estar sumida en una guerra regional. Esta vez, en lo relativo a los impuestos. Los choques entre los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo se recrudecen ante la diferencia de posturas de ambas fuerzas.

En la Moncloa ya hay malestar por el efecto contagio que puede suponer está situación. Ximo Puig ha sido de los primeros en seguir este camino, pero Galicia ya se ha sumado al club, y Aragón se lo está planteando.

La veda quedó abierta cuando el Presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, anunciaba que la comunidad del sur de España iba a eliminar el impuesto de patrimonio en Andalucía. Desde el PP se ha espoleado este debate, y a pesar de las críticas recibidas desde el Congreso, algunas regiones ya se han planteado hacer la vista gorda.

Andalucía se ha fijado como objetivo atraer a nuevos millonarios a la región, azuzando la competencia entre las distintas comunidades que está irritando en gran medida al Gobierno. Por el momento, no hay más sorpresas, pero no sería extraño que en los próximos días nuevas regiones se sumaran a esta rebelión que desde Moncloa no pueden controlar.

Andalucía: el paraíso de los ricos

Andalucía fue la cuarta Comunidad Autónoma más visitada de España en 2021, en un contexto marcado por el remanente de la pandemia. Siendo la región más poblada del país y teniendo una geografía privilegiada, los andaluces quieren aumentar su peso económico en el PIB del país.

El primer paso para lograr esto es la atracción de riqueza. O al menos así lo ha entendido la Junta de Andalucía, tras la eliminación sistemática del impuesto de patrimonio. Juanma Moreno espera que empresarios millonarios abran sus nuevas sedes en su comunidad, y también se quiere atraer a nuevos millonarios catalanes, algo que ha enfadado a los de Pere Aragonés.

Por el momento, las incendiarias críticas que recibió el Partido Popular en el Congreso de los Diputados se han evaporando hasta llegar a la situación actual: un “sálvese quien pueda” que inicia una carrera entre las diferentes comunidades para intentar atraer riqueza a sus regiones, ante la estupefacción del Gobierno Central.

Ximo Puig huye hacia delante

Siguiendo el ejemplo de Andalucía, la Comunidad Valenciana ha anunciado que no se quedará atrás, y tomará medidas para adecuarse a la situación creada.

Eso sí, Ximo Puig ha utilizado otras palabras para describirlo. El presidente ha anunciado una “reforma fiscal progresista” para combatir la inflación. La medida consistirá en una rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, y también se aplicará un aumento del 10% en todas las deducciones de las comunidades autónomas.

En este apartado se incluyen alquileres, reformas del hogar, nacimientos y adopciones, y familias monoparentales, entre otros. El otro eje de la reforma consiste en un aumento del 10% del mínimo personal y familiar del IRPF (las cantidades deducibles en el impuesto como cuantía mínima de supervivencia) hasta los 6.105 euros con carácter general.

Esta última medida permitirá que 33.000 nuevos contribuyentes, con rentas más bajas, no tengan que pagar en su declaración. El coste total de la reforma para las arcas públicas asciende a unos 150 millones de euros, lo que supone un 3,6% de la recaudación y un ahorro de 111 euros de media por contribuyente.

Estas medidas han causado un profundo malestar en el Gobierno Central, y la ministra de Política Territorial y Portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha pedido un discurso responsable ante la posibilidad de que otras regiones se empapen de esta decisión y se reduzcan los ingresos. Sin embargo, de poco han servido los debates en el Congreso.

Galicia también se une al club

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido el siguiente en anunciar medidas para ajustar a la competitividad creada. Rueda ha anunciado se ampliará la bonificación al impuesto de patrimonio, que pasará del 25% al 50%, para el presupuesto de 2023.

Rueda ha alegado que se trata de medidas para “proteger la actividad empresarial y a las personas”. También ha declarado que no se subirán los impuestos.

“Estamos acabando de terminar un presupuesto serio al que le faltan variables importantes para acabar de cerrarlo”, ha afirmado también en respuesta a las demandas de información sobre el mismo de la oposición.

En su intervención, ha vuelto a criticar la ejecución de los fondos europeos por parte del Ejecutivo central. Asimismo, ha criticado la gestión de los fondos europeos por pate del Ejecutivo central, y la incapacidad para hacer llegar dichos fondos a las pymes.

Además, en referencia al contexto económico actual y los discursos políticos a este respecto, ha apelado, “frente a triunfalismo sin razón y un catastrofismo sin esperanza”, a no “esconder los problemas” y trabajar para “dar esperanzas” y que la economía sea un mundo de “oportunidades”.

Aragón abre la puerta

Puig y Rueda no han sido los únicos en seguir la estela de esta repentina competitividad entre las distintas regiones españolas.

El presidente aragonés, Javier Lambán, no cierra la puerta a una posible bajada de impuestos en lo que queda de legislatura en esta Comunidad Autónoma.

No obstante, lo supedita a que tal medida cuente con la aprobación y acuerdo de los cuatro partidos que configuran el Ejecutivo aragonés: PSOE, Podemos, CHA y PAR.

Al respecto, en declaraciones este martes a los medios, Lambán ha señalado que “si el acuerdo sobre mantener inalterable la fiscalidad fue uno de los pilares del pacto de investidura, cualquier cambio que se pudiera producir, y no digo que vaya a haberlo, pero admito la posibilidad, tendría que ser de acuerdo entre los cuatro partidos del Gobierno”.

En opinión de Lambán, “da exactamente igual” lo que hagan otras comunidades, pues “primero habría que ponerse de acuerdo en el modelo de país y de servicios sociales y resolver el problema de financiación autonómica”.

El Gobierno reacciona

En respuesta a las medidas adoptadas por las comunidades, el Gobierno acelera una rebaja de impuestos a las rentas bajas, y desde Hacienda estudian a marchas forzadas cómo aplicarla para poder incluirla en el paquete de medidas que mañana quiere presentar. 

Una vía es el IRPF, no tanto mediante la deflactación sino más bien con rebajas selectivas que acompañen al incremento para las rentas altas aunque en este punto, explican fuentes del Ejecutivo, no hay todavía una decisión cerrada.

La medida entra dentro del esquema de actuación que siempre ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: que los que más tienen “aporten más” y ayudas a los que “peor lo están pasando”. De hecho, hoy mismo ha señalado en el Congreso que la “bajada masiva de impuestos” no es el camino, argumentando que así lo dice el FMI y la OCDE. 

En ese discurso se encuadran las medidas en beneficio de autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) que se contemplan. Todo ello en paralelo al apuntado incremento en el IRPF a las rentas más altas y al nuevo impuesto a los ricos que también se va a presentar.

Una reforma fiscal, por lo tanto, que no es tan ambiciosa como la que pretendía Montero y encargó a su grupo de expertos, pero que sí conlleva numerosas medidas y que, además, es una clara respuesta a la presión ejercida por el Partido Popular y a la que se han sumado parte del propio PSOE.

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