“El Gobierno que salga de las urnas debería desarrollar una estrategia alejada de las políticas intervencionistas”
La subida de los tipos de interés y la inflación dibujan unas previsiones muy negativas de cara al 2023, especialmente para aquellos países con problemas estructurales como el desempleo y la productividad. Aunque el Banco de España descarta ‘en un horizonte inmediato’ la entrada de nuestro país en recesión, lo cierto es que algunos servicios de estudios como el del BBVA sí que lo contemplan durante el primer trimestre del año que viene.
Las empresas y, por extensión, la economía española, no pueden estar al vaivén de medidas casi siempre cortoplacistas que la realidad supera rápidamente. El índice manufacturero PMI de los fabricantes españoles se sitúa por debajo de la barrera de 50 puntos, que marca la diferencia entre el crecimiento y la contracción.
Y esta caída se produce por el enfriamiento del consumo interno, la caída del poder adquisitivo y la reducción de la demanda internacional y, por tanto, de las exportaciones. A estas tres causas tenemos que añadir el azote que sufren las empresas con la inflación, que, a pesar de la improvisada reducción del IVA al 5% de la energía, ha provocado una reducción de la actividad de producción.
El incremento sin precedentes de los precios de la electricidad y del gas baten récord, lo que, unido a los tres factores mencionado, están provocando la reducción de actividad industrial. Tenemos ejemplos palpables como los de Volkswagen o Arcelor Mittal.
Y hay un sector de actividad, el de los autónomos, que vuelve a estar muy castigado por la situación económica. Perdemos trabajadores por cuenta propia por primera vez desde 2013, y la impresión es que en los próximos meses el escenario se va a complicar aún más. Es urgente reducir los impuestos y deflactar el IRPF.
Según la última Encuesta trimestral de costes laborales del Ministerio de Trabajo, los costes salariales se han incrementado un 6%, con lo que supone en los márgenes empresariales. A ello se unen la reducción del consumo, la inflación y las demandas de incremento salarial que hacen los sindicatos. En este contexto, la OCDE prevé que España registre una caída de 4,5 puntos de poder adquisitivo de los salarios reales, una de las más abultadas del mundo.
Los últimos datos de empleo muestran el deterioro del mercado laboral y el escaso efecto de la reforma laboral. Y, la ejecución de los Fondos Europeos, que deberían haber servido para consolidar una base de generación de actividad de cara al futuro, no lleva el ritmo esperado.
Abrir este debate va a ser complicado con esas elecciones futuras a la vista. De entrada, es llamativo que el Gobierno presuma de tener el mayor techo de gasto de la historia, con casi 200.000 millones de euros, en lugar de ahorrar, como nos toca hacer a cualquier familia española.
Y lo que tiene más riesgo aún, es que en esta espiral de demandas de los socios del actual Gobierno, en los próximos presupuestos, el Ejecutivo se ve además favorecido por la suspensión de las reglas de gasto de la Comisión Europea. Esto puede inducir a seguir gastando ese dinero que se denomina como público.
El Gobierno que salga de las próximas urnas debería volver a reconectar con la economía real y desarrollar una estrategia alejada de las políticas intervencionistas. Que impulse la seguridad jurídica, la inversión y una reducción drástica del gasto público no eficiente. Las urnas están ahí, y la recesión, casi con toda probabilidad, también.
