“Hoy más de cinco millones de personas se encuentran en una situación de incertidumbre porque no son atendidos con la agilidad y prontitud que requiere su enfermedad”
Estamos de nuevo ante una iniciativa legislativa planteada por el Gobierno que afecta de forma directa a la equidad, universalidad y cohesión del propio Sistema Nacional de Salud a través de diversas medidas propuestas en cada uno de estos ámbitos.
Desde la Fundación IDIS nos ha llamado poderosamente la atención todo lo relacionado con la pretensión de impulsar la gestión directa de los centros asistenciales, cuando desde hace tiempo se viene demostrando que, por su histórico, experiencia acumulada y resultados es una modalidad ineficiente.
Desde el hecho fundacional hace más de doce años el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) ha llevado a gala el aportar conocimiento mediante la elaboración de informes rigurosos, objetivos y transparentes que sirvan como base para el debate sereno y la adopción de medidas justas que redunden en la mejora del sistema, siempre pensando en el paciente y sus circunstancias; lo que nos lleva a considerar un error la pretensión de obstaculizar o eliminar la colaboración privada-pública aplicándole criterios de excepcionalidad, especialmente en un momento como éste en el que las grandes deficiencias e insuficiencias del sistema público de salud hacen imprescindible sumar voluntades, multiplicar esfuerzos e impulsar sinergias y complementariedades, utilizando todos los recursos disponibles del sistema con independencia de su titularidad.
En estas circunstancias, planteamos a la sociedad y a sus líderes políticos un amplio estudio que referencia mediante un análisis exhaustivo y riguroso un escenario en el que la cooperación privada-pública pudiera ser eliminada; iniciativa que, de forma errónea, dogmática e interesada, pretenden reiteradamente algunos de los socios del Gobierno, sus organizaciones y entidades afines.
Nuestro sistema sanitario público bate récords en materia de dificultades de acceso puesto que, hoy más de cinco millones de personas se encuentran en una situación de incertidumbre y honda preocupación porque sus procesos no son atendidos con la agilidad y prontitud que requiere su enfermedad y esta cifra va in crescendo debido a la deriva sociodemográfica de la población entre otras causas.
Consultas de atención primaria, consultas de medicina especializada, pruebas diagnósticas, tratamientos quirúrgicos, etc. el proceso asistencial en su conjunto sufre un decalaje muy negativo en términos de accesibilidad y equidad, lo que sin duda repercute en los resultados sanitarios y de salud obtenidos, en la calidad y seguridad de las intervenciones, y, en definitiva, en el impacto que ello tiene en las cifras de morbi-mortalidad achacables a los graves problemas de gobernanza, financiación y gestión que sufre el sistema público de salud.
Las insuficiencias son múltiples y es en este momento de profundo impacto y zozobra social cuando se pide y se justifica ante los ciudadanos el hacer mucho más contando con muchos menos recursos, con un sistema a todas luces insuficiente y descoordinado, tremendamente rígido y funcionarializado. Todo ello teniendo en cuenta que el sector privado dispone del 40% de los recursos sanitarios de nuestro país y desarrolla más del 30% de la actividad asistencial.
Fijémonos en las abultadas cifras que nos ofrece el informe y que cada cual saque sus propias conclusiones: la desaparición de la colaboración privada-pública; en concreto, se estima que las listas de espera para cirugías podrían aumentar un 102% –alargando la espera media en 75 días– y la lista de espera de primera consulta en un 153%, dilatando la espera en 58 días más, generaría un aumento de los índices de ocupación hospitalaria hasta llegar al 85% (actualmente se encuentran en el 70,6%). Pero, además, el impacto en el gasto sanitario público representaría un aumento de coste de entre 1.200 y 2.700 millones de euros.
El informe hace referencia, asimismo, a la necesidad de acometer una serie de inversiones en el corto-medio plazo para ampliar la capacidad de atención. Si se prescinde de los recursos del sector privado el sistema público tendría que asumir cerca de 6 millones de estancias hospitalarias y de 11 millones de consultas, haciéndose cargo asimismo de cerca de 800.000 pruebas diagnósticas.
No debemos olvidar que los acuerdos de colaboración privada-pública en el sector sanitario son un mecanismo para mejorar el acceso, la provisión y la calidad de los sistemas públicos de salud aportando beneficios en términos de reducción de costes y de riesgos y, para los ciudadanos, acceso a más y mejores servicios sin que ello implique mayor presión fiscal.
