La nueva ley solo permitirá que el presidente de la CNMV esté en el cargo seis años, y no podrá ser reelegido
El Pleno del Congreso abordará este jueves la nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, lo que supone el último trámite parlamentario previa publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor.
Previamente, el pasado 22 de febrero, el Senado ya había aprobado el proyecto de Ley de los Mercados de Valores y los Servicios de Inversión, una norma que traspone varias directivas europeas y mejora la protección de los inversores ante instrumentos novedosos como los criptoactivos. El proyecto fue secundado por una amplía mayoría, 254 votos a favor, la totalidad de los votos emitidos.
La norma, que consiste en la adaptación de la legislación española a distintas directivas europeas en el ámbito financiero, ha contado con un amplio respaldo durante su tramitación en las Cortes Generales. De hecho, tanto en el Congreso como en el Senado ha salido adelante sin ningún voto en contra.
Se someterán a debate y votación las enmiendas introducidas en el Senado al texto legislativo. Se trata de una enmienda del PP y dos del PSOE.
Las claves de la nueva ley
El cambio que ha propuesto introducir el Partido Popular obedece a un carácter técnico que tiene la finalidad de remitir la regulación de los bienes y derechos inscribibles a su normativa específica.
Por otro lado, los socialistas pretenden introducir una disposición final para reconocer que las mujeres que sufrieron una suspensión de contrato de trabajo, un periodo de inactividad o cese de actividad durante la crisis sanitaria del Covid-19, tienen derecho a la deducción por maternidad.
Dicho esto, hay que analizar algunas de las claves de la nueva ley. El primer objetivo de la norma es mejorar la protección de los inversores ante instrumentos novedosos como los criptoactivos. También es importante garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición (las conocidas como SPAC).
Otro de los objetivos de la ley es, según el propio Gobierno, mejorar la gobernanza e independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para asegurarse de que dicha independencia queda garantizada, se ha ampliado el mandato de la presidencia de cuatro a seis años, pero con una condición: no habrá posibilidades de reelección.
Además, la nueva norma fijará el mandato del vicepresidente y de los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que al igual que el del presidente, estará restringido a un máximo de seis años. Esta ley unifica por fin en un único texto la normativa de España y varias directivas europeas.
Y hablando de directivas europeas, establece las previsiones necesarias para aplicar la futura normativa continental (conocida como MiCa). El reglamento MiCa pretende dar una regulación integral en lo relativo a los emisores de criptoactivos, plataformas de intercambio y las criptomonedas con intención de armonización de la legislación en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. La ley quiere cubrir también el impacto relacionado con estas transacciones y sus servicios.
Además, este reglamento contempla ya infracciones y sanciones que permitirán a la CNMV actuar ante los incumplimientos. Sin embargo, esto solo se hará efectivo cuando entre en vigor la normativa MiCa. Entre otras medidas, se permitirá que se suspenda la autorización a un proveedor de servicios en el caso de que este cometa una infracción muy grave. También se prohibirá de manera temporal e impedirá a cualquier miembro del órgano de administración del proveedor de estos servicios ejercer funciones de administración.
Así las cosas, lo más probable es que el Congreso apruebe hoy este proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. La norma resultante sustituirá al Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobada en 2015, depurándolo y transponiendo hasta cinco directivas europeas que afectan a los mercados y a los intermediarios, además de introducir numerosas disposiciones adicionales que afectan a diferentes aspectos de las operativas y de la función de los operadores financieros.
