El valor de mercado actual de esa participación es de unos 2.000 millones de euros
El Consejo de Ministros ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --organismo dependiente del Ministerio de Hacienda-- que compre hasta un 10% del capital social de Telefónica, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.
"Telefónica es una compañía líder en el ámbito de las telecomunicaciones tanto en España como en el plano internacional. Desarrolla un conjunto de actividades que resultan de crucial relevancia para la economía, el tejido productivo, la investigación, la seguridad, la defensa y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos", añade el texto.
"Con una vocación de permanencia, la participación de SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas. SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", agrega.
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda ha explicado que la propuesta acordada en el Consejo de Ministros ha partido de la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
"Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa", ha resaltado la cartera que dirige Montero.
Asimismo, ha destacado que cuenta con un amplio despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones que garantizan la conectividad y servicios digitales a ciudadanos y empresas españolas, que está presente en todas las áreas tecnológicas del Ministerio de Defensa.
También ha hecho hincapié en que proporciona los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones de la infraestructura integral de información para la Defensa en territorio nacional y en operaciones militares en el exterior, contando, por tanto, "con un sólido posicionamiento en este sector".
"La presencia de un accionista público en Telefónica supondrá un refuerzo para su estabilidad accionarial y, en consecuencia, para preservar las capacidades estratégicas y de esencial importancia para los intereses nacionales", ha opinado Hacienda.
Movimiento como el de países del entorno
"La entrada en el capital de la compañía va en línea con los países de nuestro entorno. Alemania ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en Orange; o Italia, que ha adoptado en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia", ha argumentado el Gobierno.
Este movimiento del Gobierno se produce tres meses y medio después de que la 'teleco' saudí STC --controlada en un 64% por el Gobierno de Arabia Saudita a través del fondo soberano PIF (Public Investment Fund)-- irrumpiese de forma sorpresiva en el accionariado de Telefónica con un 9,9% del capital social de la compañía.
Esta operación, que se fraguó sin que la dirección de Telefónica estuviese al tanto, consistió en la adquisición de un 4,9% de acciones de forma directa y de un 5% mediante derivados financieros.
La normativa vigente en España en materia de inversiones extranjeras en empresas cotizadas estratégicas recoge que el Ejecutivo tiene que dar permiso a los inversores extracomunitarios que pretendan adquirir más del 10% de una sociedad de este tipo.
Sin embargo, este umbral se rebaja al 5% en el caso de empresas con intereses en el ámbito de la defensa nacional, como es Telefónica.
En ese sentido, todavía se desconoce si STC ha remitido ya al Ejecutivo sus intenciones en Teléfonica, es decir, si solicitará un asiento en su consejo de administración o no, por ejemplo.
En este contexto, el pasado 31 de octubre la SEPI confirmó a la CNMV que estaba valorando comprar una participación en Telefónica, si bien en ese momento no había especificado qué porcentaje evaluaba adquirir.
Así, en ese momento se planteó la posibilidad de que el Gobierno quisiese reforzar la 'españolidad' de Telefónica en coordinación con otros inversores nacionales.
Un desembolso similar al de STC
La cotización de Telefónica cerró la jornada de este martes en 3,565 euros (-0,75%), por lo que la compra de un 10% de Telefónica a los precios de mercado actuales supone una inversión de unos 2.050 millones de euros.
Esa cifra se sitúa en la misma línea que los 2.100 millones de euros que desembolsó STC para hacerse con el 9,9% de Telefónica el pasado 5 de septiembre.
En caso de completarse la compra del 10% de Telefónica por parte de la SEPI, la sociedad estatal se convertiría en el principal accionista de la operadora, por delante de STC y del núcleo estable de accionistas de Telefónica, que hasta ahora encabezaba BlackRock con el 4,98%, seguido de BBVA (4,84%), y CaixaBank (3,5%).
Renovación del Consejo
Cuando la SEPI adquiera el 10% de Telefónica tendrá posibilidad de adquirir un asiento en el consejo de administración de la compañía, que en 2024 tendrá que afrontar la renovación de otros cinco puestos del máximo órgano decisión de la empresa.
En ese sentido, la semana pasada la operadora ya renovó dos asientos, en concreto, los de Juan Ignacio Cirac y Peter Erskine, que fueron sustituidos por Solange Sobral y Alejandro Reynal.
ERE para casi 4.000 empleados
Otro de los asuntos principales de la actualidad de Telefónica tiene que ver con el despido colectivo que la compañía ejecutará en sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y que afectará, según la última propuesta de la compañía, a 3.959 empleados.
De este modo, el Gobierno entraría en una empresa que está promoviendo la salida de trabajadores mayores de 55 años cuando la política del Ejecutivo pasa por alargar la edad de jubilación.
La negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) se esta produciendo en paralelo a la del convenio colectivo de empresas vinculadas y ambas mesas de diálogo deben cerrarse en torno al 4 de enero de 2024.
