El Pleno del Congreso de los Diputados se prepara para debatir y votar este martes una proposición de ley proveniente del Parlamento de Cataluña. Esta iniciativa tiene como objetivo que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) asigne el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con la intención de constituir un fondo social de vivienda.
La propuesta, respaldada por Esquerra Republicana en el Parlament, busca asegurar un retorno social del rescate bancario, el cual ha tenido repercusiones significativas en las finanzas del Estado. La crisis financiera de 2008 llevó a una intervención estatal sin precedentes para reestructurar la banca, que implicó un coste superior a 64.000 millones de euros. Este monto fue parcialmente asumido por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
A pesar de que el Estado actuó con celeridad para apoyar a las entidades bancarias, la proposición de ley subraya que no se implementaron medidas adecuadas para proteger a la ciudadanía. Así se manifiesta en el documento, que expresa que «se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas».
En este marco, la ley incluye recomendaciones del defensor del pueblo catalán (síndic de greuges) para subsanar lo que se considera una «grave deficiencia» en el rescate bancario, buscando garantizar que este proceso no solo beneficie a las entidades financieras, sino que también atienda las urgentes necesidades habitacionales de la población. Una de las principales propuestas establece que la Sareb destine parte de sus viviendas al alquiler social y cree un parque de vivienda social para hacer frente a la emergencia residencial que se ha acentuado en los últimos años.
Asimismo, la iniciativa propone que esta sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables y plantea una reforma en la ley de estabilidad presupuestaria para que las administraciones, como los ayuntamientos, puedan usar los superávits generados para invertir en vivienda, lo que les permitirá ejercer el derecho de tanteo y retracto en la transmisión de propiedades adquiridas a través de ejecuciones hipotecarias.
