Estados Unidos está considerando la imposición de restricciones económicas a empresas españolas, en respuesta a la negativa de España a alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa, como exige el presidente estadounidense Donald Trump. Esta medida, que se detalla en un documento de la Cámara de Comercio de España consultado por Europa Press, podría incluir limitaciones en licitaciones públicas y barreras específicas para bancos y consultoras españolas.
Además de lo mencionado, Estados Unidos podría aplicar restricciones de acceso o uso de tecnología de procedencia española, como plataformas en la nube o tecnologías de cifrado. También se consideran otras acciones como el endurecimiento de los requisitos fitosanitarios para productos agroalimentarios españoles, citando razones de salud pública, y la exigencia de nuevas certificaciones para maquinaria y productos industriales españoles a través de controles técnicos adicionales.
En el ámbito de las inversiones, el gobierno estadounidense podría señalar riesgos políticos o fiscales para las empresas de su país que inviertan en España, aumentar los controles sobre fusiones y adquisiciones para dificultar la compra de empresas estadounidenses por parte de firmas españolas, e influir en grandes fondos estadounidenses para que reduzcan su exposición en sectores estratégicos españoles como la energía, la banca y las telecomunicaciones.
La presión diplomática puede intensificarse mediante foros internacionales o alianzas estratégicas.
Un historial de tensión comercial entre Estados Unidos y España se refleja en el caso de las aceitunas negras de mesa españolas, objeto de un arancel del 35% en 2017. La Unión Europea, cuya política comercial es colectiva y exclusiva, respondió a las acciones de Estados Unidos con una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que después de una revisión recomendó una modificación de algunas medidas impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, pese a ajustes realizados, los aranceles permanecen vigentes.
Si Estados Unidos impusiera aranceles selectivos a España, la Unión Europea estaría obligada a reclamar ante la OMC.
