Durante la junta general de accionistas de Redeia celebrada este 30 de junio, la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, hizo frente de forma contundente a las acusaciones vertidas por parte del Gobierno y de las compañías eléctricas a raíz del apagón eléctrico que afectó a buena parte del territorio español el pasado 28 de abril. En su intervención, Corredor aseguró que Red Eléctrica, filial de Redeia y operador del sistema eléctrico nacional, cumplió "rigurosamente" con la normativa y los protocolos establecidos, y que la responsabilidad del incidente recae en el incumplimiento de las obligaciones técnicas por parte de los generadores.
El apagón, que tuvo un impacto relevante en la estabilidad de la red durante varias horas y generó cortes de suministro en diferentes zonas del país, ha desatado una tormenta institucional y técnica. Mientras el Gobierno, a través de un comité ministerial, y algunas de las grandes eléctricas apuntaron a supuestas restricciones técnicas programadas por Red Eléctrica como causa del fallo, la empresa ha mantenido una defensa férrea de su actuación y ha elaborado un informe interno que contradice las versiones más críticas.
Según este informe, los hechos se desencadenaron debido al incumplimiento, por parte de varias empresas generadoras, de los procedimientos de control de tensión que impone el reglamento operativo. En palabras de Corredor: "Si los generadores hubieran cumplido con las obligaciones de control de tensión que les impone el procedimiento de operación, no hubiéramos tenido oscilaciones, no habríamos perdido el sincronismo, no habríamos tenido apagón".
La presidenta insistió en que todas las decisiones técnicas adoptadas por Red Eléctrica el día del incidente se basaron en cálculos rigurosos y en la suposición razonable de que todos los agentes del sistema cumplirían con las normativas técnicas en vigor. Así, descartó que las restricciones técnicas programadas por el operador fueran una causa directa o determinante del fallo, como han sostenido algunos sectores.
Uno de los puntos que Corredor quiso subrayar especialmente fue el compromiso con la transparencia. Durante la investigación posterior al apagón, el comité ministerial del Gobierno solicitó autorización a 67 empresas eléctricas para divulgar los datos necesarios que permitieran esclarecer el incidente. Red Eléctrica fue la única en dar su consentimiento para la publicación completa de toda la información disponible. Este gesto, según Corredor, refleja el compromiso de la empresa con la rendición de cuentas y con el servicio público.
"Considero que es nuestro deber defender también el buen hacer de los profesionales de esta compañía ante acusaciones infundadas y en ocasiones muy graves que buscan menoscabar nuestra reputación y minar la confianza en una empresa que brinda un servicio público esencial desde hace 40 años y que es un eje central para el progreso socioeconómico del país", afirmó la presidenta de Redeia, visiblemente firme en su discurso.
Además del plano técnico, este episodio ha revelado las crecientes tensiones entre Red Eléctrica y las grandes eléctricas, como Iberdrola, que no han ocultado su malestar por el papel atribuido a los generadores en el informe interno. Estas tensiones no son nuevas, pero el apagón ha actuado como catalizador de una guerra soterrada por el control de la narrativa y, en última instancia, del modelo de gobernanza del sistema eléctrico español.
Corredor ha insistido en que Red Eléctrica no actúa con intereses comerciales, sino como operador independiente cuya función principal es garantizar la seguridad, estabilidad y continuidad del suministro eléctrico. En ese sentido, apeló a la necesidad de mantener un enfoque técnico y objetivo ante situaciones de crisis, y advirtió contra la instrumentalización política o empresarial de incidentes que deberían tratarse desde el rigor profesional.
"No se puede pedir a Red Eléctrica que gestione el sistema como si todos los actores fuesen irresponsables. Presuponemos, como indica la normativa, que todos cumplen su papel. Si eso no ocurre, debemos corregirlo con mecanismos técnicos, no con culpabilizaciones públicas", zanjó Corredor, en clara alusión tanto a las eléctricas como a las presiones institucionales recibidas.
