La Comisión Europea ha concedido a España una prórroga de seis semanas para responder al expediente de infracción relacionado con los poderes discrecionales del Gobierno en ciertos aspectos de la legislación española. Esta decisión responde a una solicitud formal hecha por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Las dudas del Ejecutivo comunitario abarcan desde la interpretación actual de dos normativas europeas hasta si la intervención del Gobierno en operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell responde a un verdadero motivo de interés general. Bruselas también cuestiona la validez de escalar decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros en asuntos bancarios.
Este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa a la Comisión es cómo la legislación española no está lineada con el Derecho de la UE.
Desde su aprobación, normativas como la ley de Defensa de la Competencia, que data de 2007, y la ley de Solvencia de las Entidades de Crédito de 2014 han sido aplicadas en múltiples ocasiones, según el Ministerio de Economía español. Sin embargo, ahora el gobierno ha asegurado que colaborará constructivamente para aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica con Bruselas.
