Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son la herramienta fundamental de cualquier gobierno para planificar, ordenar y priorizar el gasto público. No se trata únicamente de una obligación formal; son el instrumento mediante el cual el Ejecutivo establece las prioridades políticas y económicas del país, distribuye los recursos entre administraciones y sectores, y garantiza la estabilidad fiscal exigida por la Constitución y por compromisos internacionales. Sin embargo, la realidad política reciente en España muestra que aprobar unos presupuestos se ha convertido en un desafío titánico, marcado por la fragmentación parlamentaria y las tensiones territoriales y partidistas.
El reciente rechazo de la senda de estabilidad, paso previo imprescindible para presentar los PGE, evidencia la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Con 178 votos en contra frente a 164 apoyos y solo cinco abstenciones, el Ejecutivo no logró superar la votación en el Congreso, tal y como se anticipaba. La negativa de Junts, sumada al “no” del PP, Vox y UPN, refleja no solo la falta de mayoría, sino también la complejidad de conciliar intereses territoriales y políticos distintos. Junts, por ejemplo, condiciona su apoyo a avances en inversiones y derechos territoriales, mientras que la derecha reclama freno al gasto y reducción de impuestos. Incluso los socios tradicionales del Gobierno, como Podemos, mostraron reservas absteniéndose en la votación.
A pesar de este escenario adverso, el Ejecutivo ha decidido presentar igualmente los Presupuestos. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el objetivo no es solo lograr la aprobación, sino demostrar que otros partidos bloquean la política fiscal del país. Esto refleja una paradoja: un gobierno que tiene la obligación constitucional de presentar sus cuentas y marcar prioridades, se ve obligado a operar políticamente con presupuestos de facto inexistentes, recurriendo a mecanismos como la regla de gasto de 2022 si no logra el aval parlamentario. Esto plantea la pregunta crucial: ¿es posible gobernar sin presupuestos?
La experiencia demuestra que, si bien es técnicamente posible administrar sin unos nuevos presupuestos, la eficacia y la transparencia del gobierno se ven gravemente comprometidas. Gobernar sin PGE implica prorrogar las cuentas del año anterior, limitando la capacidad de inversión, condicionando la ejecución de políticas públicas y restringiendo la planificación de gastos, desde la seguridad social hasta la inversión en infraestructuras. Sin un marco presupuestario claro, cualquier decisión de gasto carece de la legitimidad política necesaria y transmite la impresión de que el Gobierno improvisa, incluso en un contexto económico favorable, con crecimiento sostenido y récord de ingresos fiscales.
Además, la ausencia de presupuestos dificulta la negociación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que dependen de las transferencias y del margen fiscal estatal para planificar sus propias cuentas. Las tensiones territoriales, evidenciadas por la postura de Junts y los reclamos de Coalición Canaria respecto al Régimen Económico y Fiscal, muestran que los PGE no son solo una cuestión técnica, sino un instrumento esencial para garantizar equidad y cumplimiento de compromisos históricos y regionales.
En definitiva, gobernar sin presupuestos es posible en términos operativos, pero es políticamente limitado y arriesgado. La fragmentación parlamentaria, las demandas territoriales y la polarización partidista complican la aprobación de las cuentas, pero no eliminan la necesidad de presentar un proyecto que permita el debate y la rendición de cuentas. Los presupuestos son, en esencia, la hoja de ruta de un país; sin ellos, el gobierno administra, pero no lidera.
España enfrenta un escenario donde los presupuestos deberían ser la prioridad política y económica del otoño. La obligación constitucional de presentarlos sigue vigente, independientemente de la complejidad de los apoyos parlamentarios. Retrasar, condicionar o improvisar sobre ellos no solo afecta la planificación económica, sino también la percepción de legitimidad democrática y la capacidad del Estado para afrontar retos como la transición ecológica, la financiación autonómica o la inversión en servicios esenciales. Por ello, aunque técnicamente se pueda gobernar sin presupuestos, hacerlo supone una limitación seria al ejercicio efectivo del poder y a la gobernabilidad real del país.
Montero planea presentar Presupuestos 2026 a principios de año
