La Comisión Europea ha propuesto este martes modificar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035. La nueva propuesta permite una producción «limitada» de dichos vehículos, que no superen un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021. Esta iniciativa responde a las presiones de la industria y de Alemania, mientras que desoye las peticiones de España y Francia de mantener los objetivos originales.
La oferta de Bruselas representa un paso inicial y aún debe ser negociada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para su adopción final. Fuentes comunitarias han subrayado que cualquier margen debe ser «compensado completamente» por los fabricantes con «créditos» obtenidos a partir del uso del llamado «acero verde» de la UE o de biocombustibles. Aseveran que esta flexibilidad no altera el objetivo final de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
El margen del 10% permitirá a los coches híbridos y de combustión interna seguir siendo relevantes junto a los eléctricos e hidrógeno.
El vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha definido este cambio como un «salvavidas» para el sector automovilístico de la Unión Europea. «Usamos todos los recursos a nuestro alcance: simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación», ha destacado. Por su parte, el comisario económico, Valdis Dombrovskis, ha advertido que la industria automotriz europea se encuentra en una «encrucijada» y ha pedido actuar rápidamente.
Alineado con el nuevo enfoque, Bruselas invertirá 1.800 millones de euros en un plan para la producción de baterías para vehículos eléctricos. Esta inversión busca desarrollar una cadena de valor completa dentro de la UE. Además, la Comisión se enfoca en simplificar la legislación para reducir costes y burocracia en el sector automotriz.
Estamos decididos a mantener el rumbo, continuar nuestro compromiso y proporcionar a nuestra industria las normas simples, claras, favorables y predecibles que necesita para prosperar.
La apuesta por una normativa más clara y flexible se concibe como un paso hacia la «restauración del liderazgo» de la industria europea en el mercado global, al tiempo que se guía la transición hacia una economía climáticamente neutra.
