El Congreso de los Diputados abordará este martes una proposición no de ley que busca endurecer la regulación de los préstamos rápidos en España. La intención es ampliar el ámbito de los créditos regulados y eliminar el límite de 200 euros actualmente vigente. La propuesta, liderada por el grupo plurinacional, alerta sobre la existencia de intereses extremadamente altos, a veces del 4.000%, 5.000%, y en casos extremos hasta el 59.000% TAE. Estos elevados intereses, sumados a la falta de transparencia en la concesión de los préstamos, pueden llevar a los prestatarios a caer en «espirales de pagos imposibles».
Félix Alonso, diputado de En Comú, sostiene que la normativa española actual no garantiza una reserva de actividad para la concesión de crédito. Esto implica que las entidades que ofrecen préstamos inmediatos no están bajo la supervisión del Banco de España, y, de hecho, no existe un registro oficial de las mismas. Este vacío regulador permite que, ante posibles abusos, los clientes se enfrenten a obstáculos significativos para demandar. Algunas entidades, al no estar registradas, pueden disolverse y desaparecer sin dejar rastro. Además, ciertos tribunales indican la ausencia de una normativa clara o parámetros objetivos para calificar un crédito como usurario, mientras que el supervisor financiero ni siquiera menciona este tipo de productos.
Sumar defenderá en el Pleno de la Cámara impulsar las medidas necesarias para regular los créditos rápidos eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores
Inspirados por la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, la propuesta de Sumar es concreta y detallada. Entre las medidas recomendadas, se incluye el establecimiento de criterios claros para determinar qué constituye un préstamo abusivo. También se busca evitar costes de crédito excesivos o usurarios que han perjudicado a algunos consumidores.
Entre las propuestas presentadas se encuentra la creación de un sistema de registro y supervisión obligatorio para todos los prestamistas de crédito al consumo. Solo las empresas que demuestren solvencia y prácticas adecuadas hacia el consumidor deberían poder operar. Además, se sugiere implementar modelos contractuales estandarizados que protejan al consumidor, someter a las empresas de crédito al control del Banco de España y prohibir la publicidad engañosa que destaque la facilidad de obtención del crédito sin mencionar sus costes.
Sumar también propone colaborar con otras administraciones para llevar a cabo un estudio exhaustivo, empleando incluso tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial, con el objetivo de detectar anuncios, abusos y fraudes de prestamistas. En caso de descubrir irregularidades, se podrían tomar acciones legales o imponer sanciones, marcando así un nuevo capítulo en la protección del consumidor en España.
