El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha manifestado que «carece de competencias» para intervenir en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implica la reducción de más de 5.000 puestos de trabajo en Telefónica. La situación actual es consecuencia de la reforma laboral efectuada durante el gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Telefónica, en la cual el Estado tiene una participación del 10%, anunció a finales del año anterior su intención de proceder con un ERE en diversas unidades de negocio.
El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, solicitó al Congreso una serie de preguntas para entender la postura del Gobierno respecto al ERE y explorar posibles acciones, calificando el expediente de «tan desproporcionado» debido a la participación estatal y el significativo beneficio neto de 2.304 millones de euros declarado por Telefónica en 2024. Rego sostiene que «con estas cuentas sobre la mesa, no se justifica un ERE» y considera «inconcebible» que una empresa con capital público fomente la destrucción de empleos estables.
En respuesta, el Gobierno indicó que el Ministerio, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, «carece de competencias como consecuencia de la derogación que respecto de esta cuestión supuso la reforma laboral del año 2012». La vicepresidenta Díaz impulsó una nueva reforma laboral en 2021 con la intención de mitigar los efectos más perjudiciales de la normativa de 2012.
El Ejecutivo ha declarado que debido a su participación minoritaria del 10% en Telefónica, la responsabilidad recae «en la compañía». Subrayó que Telefónica opera como una empresa privada, y que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene una participación minoritaria. El gobierno puso de relieve la «autonomía» de Telefónica para definir su estrategia, conforme a su situación financiera y visión empresarial.
Telefónica es una empresa privada en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene una «participación minoritaria»
El Estado, a través de SEPI, ocupa la segunda posición en cuanto a accionariado de Telefónica, superado solo por Morgan Stanley, que posee el 13,091%. Esta situación resalta la complejidad de la intervención estatal en decisiones empresariales privadas, que ahora, bajo la normativa vigente, son dominadas por la dirección y visión empresarial interna de la compañía.
