El Congreso de los Diputados se prepara para un intenso debate este martes, 24 de febrero, sobre una proposición de ley presentada por el grupo Sumar. El objetivo de esta iniciativa es evitar los despidos colectivos en aquellas empresas que decidan trasladar su actividad fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo.
Este debate representa un primer paso crucial, ya que el Congreso solo decidirá si el texto será admitido para su tramitación parlamentaria. En caso de ser aceptada, la propuesta pasará por un proceso de enmiendas y discusiones que podrías extenderse por varios meses antes de llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aprobación definitiva.
Impacto en el empleo y desafíos de la deslocalización
La propuesta de Sumar ha cobrado especial relevancia a raíz de casos como el de la planta de Sekurit, en la localidad asturiana de Avilés, donde la multinacional francesa Saint Gobain se encuentra inmersa en un procedimiento de despido colectivo. La formación política sostiene que dichas prácticas culminan procesos en los que se ha trasladado significativas partes de la producción a fuera de las fronteras europeas. Además, Sumar apunta que grandes empresas textiles, como Zara o H&M, han llevado a cabo prácticas similares que han afectado los derechos laborales al desplazar su producción hacia países donde no siempre se aseguran condiciones laborales justas.
Las deslocalizaciones empresariales tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos, con la consiguiente reducción del tejido económico y destrucción de puestos de trabajo
Para mitigar estos efectos negativos, Sumar propone una legislación que brinde protección a los derechos de los trabajadores en procesos de deslocalización. Esta incluye reformas al Estatuto de los Trabajadores que impedirían despidos colectivos bajo ciertas condiciones relacionadas con la deslocalización fuera de la UE.
Medidas adicionales para asegurar la transparencia y responsabilidad empresarial
La propuesta abarca también la introducción de una disposición que exige a las empresas que deslocalicen actividades, tras haber gozado de beneficios de medidas públicas en los últimos cuatro años, a devolver esos beneficios. Asimismo, Sumar busca garantizar la transparencia en los procesos de venta o transmisión de empresas, asegurando la participación de sindicatos y la provisión de información completa a la plantilla.
De esta manera, se fortalecería el principio constitucional de democracia en la empresa, al tiempo que se salvaguardan los derechos y el bienestar de las personas trabajadoras en situaciones de crisis empresarial
Este enfoque integral busca equilibrar el atractivo empresarial del país con la defensa de los derechos laborales fundamentales, un tema cada vez más relevante en el contexto económico global.
