La complejidad regulatoria en el sector bancario de Europa podría estar reteniendo entre 2,7 y 4,1 billones de euros en capacidad de financiación, según el informe ‘Cómo mejorar la competitividad, el crecimiento y la innovación en Europa mediante una racionalización de la regulación bancaria’, publicado por el Instituto Español de Analistas. El análisis, presentado junto a KPMG, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, destaca la necesidad de una simplificación normativa para no seguir frenando la competitividad y la capacidad de financiación en la economía europea.
Aunque la regulación financiera de la última década ha proporcionado estabilidad, también ha generado una acumulación de exigencias que podría convertirse en un freno estructural para el sector. Desde 2008, el cuerpo normativo ha superado las 95,000 páginas y, desde 2019, el número de organismos supervisores ha aumentado un 78% en la Unión Europea, contribuyendo a una mayor fragmentación, solapamientos y costes adicionales de cumplimiento.
Europa necesita preservar la estabilidad financiera, pero también asegurarse de que su marco regulatorio no limita innecesariamente la capacidad del sector bancario
afirmó José Ignacio Arenzana, secretario general del Instituto Español de Analistas. Arenzana también puntualizó que la simplificación no implica rebajar las exigencias regulatorias, sino que debe orientarse a hacer la regulación más eficiente y útil para la economía real.
Una de las recomendaciones es la inclusión de un mandato secundario de competitividad. En este sentido, Santiago Fernández, responsable de Regulación de BBVA, abogó por una reflexión en la UE sobre la posibilidad de incorporar objetivos de competitividad, eficiencia y contribución al crecimiento para las autoridades reguladoras y supervisoras.
Además, se sugiere realizar evaluaciones preliminares antes de adoptar nuevas medidas regulatorias y revisar las duplicidades en los requerimientos de capital y en la actividad supervisora. La institución ha subrayado que los costes del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo han aumentado de 277 millones de euros en 2015 a 680 millones en 2024. En este contexto, el director de Asuntos Públicos de CaixaBank enfatizó la necesidad de actualizar las normas de funcionamiento de las autoridades y organismos reguladoras, reforzando también los mecanismos de rendición de cuentas y revisión de decisiones supervisoras.
