La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han manifestado su descontento ante las recientes medidas aprobadas por el Gobierno. Estas organizaciones han calificado de «decepcionantes y perjudiciales» las acciones establecidas en el decreto-ley del plan de respuesta a la subida del precio de la gasolina, una situación causada por el conflicto en Oriente Medio.
Fenadismer ha destacado que, según el decreto, los vehículos particulares se verán compensados en casi un 100% por el encarecimiento del combustible. No obstante, para los vehículos profesionales del transporte por carretera, las ayudas anunciadas resultan insufficientes, cubriendo menos del 50% del sobrecoste real acumulado. De hecho, la federación ha cifrado este sobrecoste en aproximadamente 250 millones de euros durante las tres semanas de conflicto.
Fenadismer ha advertido que podría convocar movilizaciones a nivel nacional si el Ejecutivo no modifica las medidas antes de que termine marzo. Según un comunicado de la federación, «el sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación».
Se anuncia una bonificación de 20 céntimos por litro para los transportistas, manteniéndose igual a la de 2023, pese a que entonces el gasóleo era más económico. Este hecho ha sido duramente criticado por la federación, que además subraya que esta ayuda quedará prácticamente reducida en un 25% debido a la eliminación del gasóleo profesional, existente desde 2007. El decreto-ley también dificulta trasladar a los clientes los incrementos de costes derivados del gasóleo, lo que sitúa a los transportistas en una posición de «total indefensión y desamparo frente a sus clientes».
El decreto no ha actualizado el porcentaje que el gasóleo representa actualmente en los costos de explotación de los vehículos, agravando la «precaria situación económica» del sector
En este contexto, el reclamo de los transportistas es claro: buscan que el Gobierno rectifique las medidas para evitar un desbalance económico que podría perjudicar gravemente su operatividad y estabilidad financiera.
