El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encabezará este lunes una reunión de alto nivel cuyo objetivo es evaluar el impacto económico y social de la guerra en Irán. En el encuentro, que se llevará a cabo en el Ministerio de Economía, participarán diversos miembros del Ejecutivo y representantes de los agentes sociales.
Junto a Cuerpo, asistirán la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En representación de los agentes sociales estarán presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la secretaria general de Cepyme, María Teresa Gómez Condado; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.
El Gobierno tiene la intención de mantener estas semanas reuniones con los sectores afectados por la crisis en Oriente Medio para discutir las necesidades de apoyo más allá de junio, cuando expira el primer real decreto-ley aprobado para enfrentar los efectos de la guerra en Irán.
Las medidas de apoyo en materia de combustibles continuarán debido a la presión actual, mientras que algunas medidas para la electricidad y el gas se desactivarán tras la caída de precios en abril
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de abril, que se situó en el 3,2%, indica, según el Ejecutivo, que las medidas adoptadas en España están dando resultados, de lo contrario, la inflación habría sido un punto superior. En concreto, el precio de los combustibles habría aumentado un 30% sin estas intervenciones. No obstante, se mantendrán las medidas de apoyo a los combustibles, ya que han superado el umbral del 15% en su variación anual. Las medidas fiscales, como los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA al 10% sobre productos como gasolinas y biocarburantes, continuarán vigentes hasta el 30 de junio.
Por otro lado, los precios de la electricidad y el gas descendieron en abril, lo que permite empezar a desactivar medidas de protección a los consumidores en estos sectores. Desde el 1 de junio, se comenzarán a retirar las disposiciones relativas al Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicado a ciertos productos energéticos. Sin embargo, el resto de medidas, incluidas las ayudas a agricultores y transportistas, así como los descuentos del bono social eléctrico, seguirán en efecto. El Gobierno planea reunirse con los agentes sociales la próxima semana para abordar la prórroga de estas medidas más allá de junio.
