El Pleno del Congreso ha dado luz verde al decreto ley del Gobierno que busca mitigar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Esta aprobación se logró con el respaldo de la mayoría del hemiciclo, a excepción del voto en contra de Vox y la abstención del PP y Podemos. Este decreto, que ya estaba en vigor desde el pasado viernes, 20 de marzo, por la aprobación del Consejo de Ministros, ahora ha sido ratificado en el Congreso en el plazo de treinta días establecido para tal fin.
El decreto contempla una serie de 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros. Entre las principales disposiciones se encuentra la reducción del IVA del 21% al 10% en bienes esenciales como carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y pellets. Además, se mantiene el precio máximo de venta del butano y el propano, y se reactiva la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria. Estas medidas también incluyen una drástica reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos
Para los sectores más impactados por la crisis, como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se ha diseñado una ayuda de veinte céntimos por cada litro de gasóleo profesional útil en sus actividades. Esta ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales del País Vasco y Navarra.
Además, el Gobierno español ha implementado una prohibición de despidos objetivos causados por efectos económicos del conflicto en Irán para empresas que reciban ayudas públicas. Se fortalecerán las capacidades de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa se beneficie indebidamente de estas ayudas. Asimismo, se aplicará un mayor control sobre los márgenes empresariales del suministro de combustible.
Entre otras iniciativas, el decreto aboga por impulsar el autoconsumo y el uso de bombas de calor, ofreciendo deducciones fiscales a través del IRPF para la instalación de placas solares y puntos de recarga. Estas acciones buscan fomentar la transición hacia un modelo energético más sostenible en el largo plazo.
