El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que marca un punto final en una batalla legal de más de 10 años, declarando nulas las hipotecas multidivisa que Caixabank heredó de Barclays en 2014. Según el fallo, la cláusula se considera abusiva debido a su falta de transparencia. Este veredicto, promovido por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), obliga a la entidad catalana a convertir estas hipotecas a euros y a informar a sus clientes de las modificaciones, aunque, crucialmente, no obliga a devolver las cantidades percibidas indebidamente.
Las hipotecas multidivisa, productos hipotecarios a tipo variable que cobraron popularidad durante los primeros años de la crisis financiera, fueron promovidas como una alternativa que podía abaratar los préstamos de vivienda al vincularlos a divisas extranjeras. Sin embargo, omitían el riesgo de fluctuación de la divisa, lo cual podía elevar significativamente la deuda si la moneda extranjera se apreciaba frente al euro.
El fallo concluye que la «falta de transparencia agrava su situación jurídica –la del cliente–, puesto que ignora el riesgo de infragarantía para el caso de depreciación del euro frente a la divisa en que se denominó el préstamo»
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha expresado que la sentencia es una victoria agridulce. Argumenta que, aunque han logrado un paso significativo, todavía quedan aspectos críticos que resolver, principalmente la protección del consumidor en casos similares. Desde Asufin se enfatiza que el sistema judicial aún no ofrece las salvaguardias necesarias, haciendo un llamado para adoptar la directiva europea que modernice el marco de acciones colectivas en España.
En el contexto, Caixabank no es la única entidad afectada; Barclays, junto a otros bancos como Bankinter y el ahora extinto Banco Popular, distribuyeron estas hipotecas por un valor total que supera los 4.700 millones de euros. Actualmente, Asufin mantiene demandas colectivas en curso contra estas entidades, ahora bajo la administración de Santander. Esta sentencia podría sentar precedentes para futuras acciones legales y refleja un giro importante hacia una mayor protección del consumidor frente a prácticas bancarias opacas.
