El conflicto en Irán ha influido notablemente en los precios de la energía y los carburantes, lo que ha impulsado a las comunidades autónomas a desarrollar iniciativas económicas por un valor superior a los 2.300 millones de euros. Estas medidas están especialmente enfocadas en apoyar a empresas, autónomos y sectores productivos que sufren las consecuencias del incremento de los costes energéticos. Estas acciones se pondrán en marcha junto al plan estatal del Gobierno, que abarca 80 medidas para mitigar los efectos de la crisis y contempla una inversión de 5.000 millones de euros.
El Gobierno central ha diseñado un plan de respuesta que ofrece un descuento de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio para profesionales del transporte por carretera, agricultores, ganaderos y pescadores. Esta ayuda será gestionada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales en el País Vasco y Navarra. Las autoridades esperan que las ayudas para transportistas y agricultores comiencen a hacerse efectivas en abril. En cuanto al gasóleo agrario, las devoluciones se abonan al cierre del ejercicio, mientras que el gasóleo profesional se reembolsa mensualmente.
Más de la mitad de las autonomías han anunciado iniciativas para sobrellevar la presión en el sector industrial, el transporte y el tejido empresarial. El País Vasco ha liderado la inversión económica con 1.047 millones de euros destinados a un "escudo industrial" que protege el empleo y fortalece la autonomía energética. Cataluña destina 400 millones para sostener la actividad económica, mientras que la Comunidad Valenciana ha asignado más de 300 millones a apoyar sectores como el transporte, la logística y la pesca. Castilla y León, por su parte, ha aprobado un programa de 170 millones, centrado en el empleo y la eficiencia energética.
La respuesta ante el impacto de la guerra en el mercado energético ha incitado a las comunidades autónomas a adoptar medidas propias para proteger sus economías.
Galicia y Baleares también han anunciado importantes paquetes económicos. En concreto, Galicia destinará más de 150 millones a los sectores más afectados, y Baleares unos 161 millones en ayudas directas y créditos. Navarra ha establecido un decreto foral con medidas fiscales, reduciendo el IVA del 21% al 10% en carburantes y electricidad, lo que representa un ahorro de más de 37 millones de euros para sus contribuyentes.
En contraste, regiones como Madrid, Asturias y La Rioja aún no han implementado nuevos planes específicos. Cantabria ha descartado medidas propias, limitándose a evaluar si es necesario complementar las medidas del Gobierno central. También sin iniciativas específicas, se encuentran Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón y Andalucía.
Ceuta y Melilla no se beneficiarán de las rebajas fiscales del plan estatal debido a la exclusión del régimen impositivo especial del IPSI, lo que representa que las medidas no aplican en estos territorios.
