El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha hecho un llamado para establecer criterios claros que regulen las costas procesales, al tiempo que ha señalado las complicaciones que han traído las recientes reformas en el ámbito de la justicia para la profesión. En una entrevista con Europa Press, González destacó la importancia de la labor de los abogados, fundamental para la convivencia social y la resolución de conflictos, aunque reconoció que su trabajo se ha vuelto más complejo debido a cambios estructurales como los tribunales de instancia y los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
La calidad de vida profesional de los abogados se ha complicado tras las últimas reformas en la justicia
El presidente explicó que estos cambios estructurales implican desafíos, formación y adaptación al nuevo entorno, requiriendo un esfuerzo extraordinario por parte de los abogados. Con respecto a los MASC, González indicó que la falta de registro de los acuerdos alcanzados impide valorar el impacto de la medida. A su juicio, el sistema debe ser sostenible, lo que implica resolver conflictos antes de llegar a la vía judicial.
González también mencionó las disfunciones observadas en los tribunales de instancia que sustituyeron a los juzgados unipersonales, destacando que el acceso telemático a los expedientes no siempre es viable debido a problemas tecnológicos. Además, ha alertado sobre la crisis que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva, erosionado por la falta de criterios homogéneos para la fijación de costas en las sentencias, lo cual impide a los abogados ofrecer certeza sobre los costes procesales a sus clientes.
En este contexto, González ha exigido mejoras en la retribución y consideración de los abogados del turno de oficio, resaltando su papel crucial en garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica. En el marco del 30 aniversario de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ha subrayado deficiencias como la ausencia de actualización salarial y el pago completo de las actuaciones realizadas por los letrados de oficio.
Para abordar estos retos, el presidente reveló que la Abogacía Española está en conversaciones con otros actores jurídicos para proponer cambios a las normativas vigentes, buscando así un consenso que permita mejorar las condiciones de los abogados y el servicio que se presta a la ciudadanía en materia de justicia gratuita.
